San José, 07 may (elmundo.cr) – La solicitud planteada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) para que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, someta a votación los informes relacionados con las denuncias de presunto acoso sexual contra Fabricio Alvarado abrió un debate jurídico sobre la competencia del Congreso para continuar con el procedimiento.
Aunque algunos legisladores sostienen que el proceso debe concluir formalmente en el Plenario Legislativo, especialistas en derecho parlamentario consideran que la Asamblea ya no tendría potestad jurídica para resolver el caso, debido a que Alvarado dejó de ser diputado el pasado 30 de abril.
Un jurista experto en derecho legislativo consultado por EL MUNDO fue enfático al señalar que el procedimiento perdió sustento legal tras la salida del exlegislador.
“Jurídicamente no es posible, ya él no es diputado y entonces la Asamblea carece de competencia jurídica”, afirmó el especialista.
El tema surgió luego de que diputados liberacionistas pidieran continuar con la discusión y eventual votación de los informes elaborados por la comisión legislativa que investigó las denuncias. Dos de esos informes recomendaban algún tipo de sanción ética, mientras otro descartaba responsabilidad.
Sin embargo, el criterio jurídico citado sostiene que las potestades disciplinarias y sancionatorias del Congreso únicamente pueden ejercerse sobre diputados en funciones, por lo que cualquier votación posterior tendría un carácter meramente político y no produciría efectos jurídicos vinculantes.
El caso se convirtió en uno de los procesos más mediáticos tramitados bajo el reglamento legislativo contra el hostigamiento sexual aprobado en la actual legislatura.
