Durante más de treinta años, Costa Rica fue reconocida mundialmente por su política de conservación y su matriz energética limpia. Sin embargo, el Informe Estado de la Nación 2025 advierte que el país enfrenta un deterioro sostenido de sus capacidades institucionales para proteger el patrimonio natural, calificando la situación como un “punto de inflexión ambiental”. Entre los factores más preocupantes están:
- Centralización del poder en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), lo que ha reducido la autonomía técnica de entidades como el SINAC y la SETENA.
- Reformas regulatorias que sustituyen límites fijos de contaminantes por “valores de alerta”, debilitando los estándares de protección del agua
- Cambios en el registro de plaguicidas e insumos agrícolas que, según ambientalistas, reducen la capacidad del Estado para controlar impactos sobre biodiversidad y salud humana.
Estas medidas reflejan una tendencia hacia la politización de la gestión ambiental, donde las decisiones técnicas se subordinan a intereses económicos y de corto plazo.
EL AUGE DEL “GREENWASHING”
En paralelo, el sector privado ha intensificado el uso de estrategias de mercadeo verde. Según análisis de Delfino.cr, el “greenwashing” se ha vuelto común en turismo, construcción y alimentación: empresas que venden una imagen ecológica sin respaldo real en sus prácticas. Esto ocurre porque la sostenibilidad se ha convertido en un valor comercial: el 66 % de los consumidores globales está dispuesto a pagar más por productos “verdes”, y entre los millennials esa cifra sube al 72 %. En Costa Rica, esta tendencia ha llevado a que muchas marcas usen etiquetas como “eco-amigable” o “100 % natural” sin auditorías verificables.
CONTRASTES Y RESISTENCIAS
No todo es retroceso. El ranking Merco ESG Costa Rica 2024 aún destaca empresas como FIFCO, Dos Pinos, la Universidad de Costa Rica y Intel (aunque esta última de va de Costa Rica) por sus esfuerzos reales en sostenibilidad y gobernanza. Sin embargo, el contraste entre estas iniciativas y el debilitamiento institucional genera una brecha: la sostenibilidad se privatiza mientras el Estado pierde capacidad regulatoria.
TURISMO Y AGRO PAISAJES: SOSTENIBILIDAD DE FACHADA
En los últimos años, varios desarrollos turísticos en Guanacaste y Puntarenas han sido señalados por ambientalistas por usar etiquetas ecológicas sin cumplir estándares reales. Algunos hoteles y resorts promueven su imagen “eco amigable” mientras operan en zonas de alta presión hídrica o cercanas a áreas protegidas. El caso más citado es el de proyectos de lujo en la costa del Pacífico que, pese a su discurso verde, deforestan manglares y consumen grandes volúmenes de agua en regiones con sequías recurrentes. La práctica de vender “turismo sostenible” sin auditorías independientes refleja el riesgo de convertir la sostenibilidad en un argumento comercial más que en una política de conservación. Todo es todo con el apoyo del gobierno que en el afán de desarrollar la economía apuesta a proyectos turísticos como el de Playa Panamá en detrimento del medio ambiente. Nuevamente parece la palabra greenwashing” (lavado verde)
El sector agrícola también muestra contrastes. Iniciativas como Tempisque REGENERA, lanzada en 2025 con apoyo de Francia y el MINAE, buscan restaurar agro paisajes y fortalecer la economía rural mediante prácticas agropecuarias sostenibles y monitoreo participativo. Sin embargo, paralelamente, algunos programas privados de “agricultura verde” han sido criticados por usar certificaciones poco verificables o por mantener el uso intensivo de agroquímicos mientras se promocionan como “orgánicos”. El problema central es la falta de trazabilidad y control estatal: la SETENA y el MAG han perdido capacidad técnica para auditar el cumplimiento ambiental, lo que facilita la proliferación de etiquetas engañosas. Ante la política de gasto mínimo es probable que no tengan presupuesto para eso.
INICIATIVAS GENUINAS Y REGENERATIVAS
No todo responde al marketing. Proyectos como Costa Rica Regenerativa impulsan la transformación de tierras degradadas en granjas educativas, el rescate de jardines ecológicos escolares y la creación de centros de gestión para ganadería holística. Estas propuestas buscan pasar del discurso “verde” al modelo regenerativo, donde la producción y el turismo restauran ecosistemas en lugar de solo minimizar daños. Asimismo, alianzas entre productores locales, chefs y empresarios turísticos —descritas por La República— apuntan a integrar agricultura, tecnología y gastronomía sostenible como nuevo eje de desarrollo. ¿La pregunta es de donde sacarán el presupuesto los productores para implementar esto en sus fincas?
SÍNTESIS
Costa Rica vive una tensión entre la sostenibilidad auténtica y la sostenibilidad comercializada. El país que antes lideraba la conservación ahora enfrenta el desafío de distinguir entre proyectos que regeneran y los que solo pintan de verde su imagen. Mi reflexión es cuando una nación empieza a vender lo que antes hacía por convicción, corre el riesgo de perder su esencia ambiental. Recuperar el rumbo exige fortalecer la fiscalización pública, exigir transparencia en certificaciones y promover modelos regenerativos que devuelvan coherencia al ideal verde costarricense. ¿Será posible cuando un gobierno realmente no tiene interés en esto? ¿Será que solo les interesa dar la cara verde ante los organismos internacionales sin verdaderamente estar dispuestos a concretarlos? O será que el Gobierno de Chaves ante la amenaza del aumento de la deuda (5% en el 2025) vió los desarrollos turísticos como el de Playa Panamá una oportunidad de mejorar la economía en detrimento de la sostenibilidad ambiental.
REFLEXIÓN
Costa Rica corre el riesgo de convertir su identidad verde en un producto más del mercado, en lugar de mantenerla como un compromiso ético y político. Recuperar el rumbo requerirá transparencia ambiental, fortalecimiento técnico del MINAE y auditorías independientes que separen la sostenibilidad auténtica del marketing. Cosa que el gobierno de Rodrigo Chaves no ha hecho.