Cada vez que el fenómeno de El Niño–Oscilación del Sur amenaza con reducir las lluvias en el Pacífico costarricense, especialmente en Guanacaste y Puntarenas, el país activa una maquinaria institucional que, lejos de ser improvisada, demuestra que Costa Rica sí ha construido capacidades importantes en gestión hídrica y prevención. El Instituto Meteorológico Nacional emite proyecciones y escenarios; el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados refuerza fuentes de abastecimiento, evalúa pozos y protege captaciones estratégicas; las ASADAS monitorean nacientes, ajustan consumos y preparan medidas de contingencia; las municipalidades activan comités locales de emergencia; y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias coordina respuestas interinstitucionales.
Sería injusto, e incluso técnicamente incorrecto, afirmar que Costa Rica enfrenta la sequía con indiferencia o improvisación. No es cierto. El país cuenta con una de las redes de gestión comunitaria del agua más robustas de la región, con miles de comunidades abastecidas por ASADAS; posee infraestructura estratégica como el Distrito de Riego Arenal-Tempisque, clave para la producción agropecuaria del Pacífico norte; ha desarrollado plantas de tratamiento de aguas residuales, como la Planta de Tratamiento Los Tajos; y mantiene una coordinación técnica permanente entre instituciones públicas, gobiernos locales y operadores comunitarios.
El problema, entonces, no es la ausencia de acción. El problema es otro: mientras Costa Rica ha avanzado en gestión de contingencias, todavía enfrenta retos para consolidar una política de adaptación hídrica de largo plazo acorde con la nueva realidad climática.
Porque una cosa es responder a la sequía; otra muy distinta es diseñar el territorio, la infraestructura y la institucionalidad suponiendo que la sequía será cada vez más frecuente, más intensa y más costosa.
Ahí es donde la comparación internacional resulta inevitable.
Israel: con una disponibilidad natural de agua mucho menor que la costarricense, decidió hace décadas que el agua debía tratarse como infraestructura estratégica nacional. Hoy reutiliza la mayor parte de sus aguas residuales tratadas para agricultura y depende significativamente de plantas desalinizadoras para consumo humano. No esperó a que la escasez fuera una emergencia permanente para transformar su modelo.
Australia: después de la llamada “Sequía del Milenio”, reformó profundamente su gobernanza hídrica: digitalizó cuencas, fortaleció almacenamiento estratégico, mejoró trazabilidad del recurso y vinculó la gestión del agua con la planificación económica y territorial.
España: con décadas de estrés hídrico en varias regiones, desarrolló planes obligatorios de sequía para operadores públicos, sistemas interconectados entre cuencas y políticas de reúso urbano e industrial a gran escala.
Incluso Chile: con todos los debates que enfrenta sobre equidad en el acceso al agua, avanzó en telemetría de acuíferos, infraestructura desalinizadora y monitoreo intensivo de disponibilidad hídrica en zonas críticas.
Costa Rica, por su parte, ya tiene fortalezas que muchos países quisieran tener: abundancia relativa de lluvia, capital humano técnico, una institucionalidad ambiental consolidada y una red comunitaria de administración del agua única en América Latina. Pero, precisamente por eso resulta legítimo preguntarse si estamos aprovechando esas ventajas con la velocidad que exige el cambio climático.
¿Estamos reutilizando aguas tratadas a la escala que permitiría aliviar presión sobre acuíferos en Guanacaste? ¿Existe una digitalización integral y en tiempo real de los acuíferos estratégicos del Pacífico? ¿Tienen todas las ASADAS acceso estable a financiamiento para modernización tecnológica? ¿Están todos los cantones vulnerables obligados a contar con planes de sequía activables automáticamente?
¿Existe una política nacional suficientemente robusta para cosecha de agua, almacenamiento regional y recarga artificial de acuíferos?
La mayoría de estas preguntas todavía admite respuestas parciales. Y ahí radica el verdadero debate. No se trata de desconocer el trabajo del Estado, de las municipalidades, del AyA o de las ASADAS. Sería injusto hacerlo. Se trata de reconocer que el fenómeno de El Niño no está exponiendo una falta de voluntad institucional; está exponiendo la urgencia de pasar de la gestión de contingencias a la adaptación estructural. Costa Rica ya sabe reaccionar ante la sequía. El desafío ahora es demostrar que también sabe anticiparse a ella.