San José, 2 set (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) se opone a cualquier iniciativa que pretenda imponer nuevos impuestos a la industria.
Los industriales solicitaron a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación en relación con la moción presentada por el diputado Mario Castillo de crear un nuevo impuesto a las bebidas carbonatadas de marcas nacionales y extranjeras producidas en el país o importadas, por un monto de ₡0,25 por cada 250 ml para el financiamiento del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.
Los industriales solicitaron el rechazo total de dicha moción realizada vía artículo 137.
Por su parte, Enrique Egloff, presidente de la CICR señaló que «es inoportuno e inconveniente que ante la situación económica actual y los altos niveles de desempleo que atraviesa el país, se consideren este tipo de iniciativas en detrimento del sector productivo que está altamente gravado en perjuicio de su competitivida».
La CICR aprovechó para enlistar la cantidad de impuestos que ya tienen las bebidas carbonatadas, cuyo nuevo impuesto se trasladaría al consumidor final y afectaría los costos operativas de empresas productoras y distribuidoras de dichos productos.
Por cada 250 ml, existe un impuesto específico sobre bebidas sin contenido alcohólico por ₡19,380; se les suma el impuesto a favor del Inder por ₡6,766 y finalmente el impuesto al Valor Agregado de 13% sobre el precio final. A ello, hay que sumarle el 30% del impuesto sobre las utilidades, cargas sociales, impuestos municipales, entre otros, que las empresas también deben costear.
Para Egloff, «este tipo de iniciativas, aunque tengan una buena intención como el fomento de la lectura, pueden ser más perjudiciales que beneficiosas en un contexto en donde el país necesita de acciones que promuevan el crecimiento económico y la generación de empleo».
Además, los industriales calificaron como una «práctica nociva», el crear impuestos con destinos específicos, que generan una rigidez presupuestaria indeseada para el Gobierno Central y atenta contra la estabilidad fiscal del país, señalado en reiteradas oportunidades por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por último, Egloff advirtió que «también nos preocupa que se presente una moción vía artículo 137 en el último día para modificar por el fondo un Proyecto de Ley, que anula toda posibilidad de realizar una discusión abierta y transparente, dejando indefenso al sector industrial y sin la oportunidad de presentar nuestros argumentos».
Finalmente, es importante señalar que el Proyecto de Ley Expediente No. 21.354 «Ley del libro para el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas» dictaminado por la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación se encuentra en la etapa de conocimiento de mociones vía artículo 137.
