San José, 20 abr (elmundo.cr) – El Frente Mario Boza por las Áreas Silvestres Protegidas (FMBASP), presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional (22-003777-0007-CO) denunciando lo que consideran el “abandono institucional” del Parque Nacional Corcovado por parte del Ministerio de Ambiente y el Sinac.
La denuncia se basa en una serie de inspecciones directas realizadas por el FMBASP y los informes de Acosa y del Corac Corcovado que señalan que pese a los recursos presentados el año 2017, sobre la necesidad de incorporar 52 funcionarios a las tareas de Control y Protección del Área Protegida, que incluye el Golfo Dulce y el Parque Nacional Corcovado, el Ministerio de Hacienda sólo aprobó 15 plazas para el año 2017 y autorizó la creación de otras 15 para el 2018.
Por otro lado, los estudios realizados por Acosa en el 2018, determinaron que la problemática ambiental del Parque Nacional Corcovado requería para hace 4 años un adicional de 78 plazas solo en protección y control y 24 más para la Reserva Golfo Dulce.
Sin embargo y pese al largo tiempo transcurrido, a la fecha, poco o nada se ha hecho para dotar al área de los recursos humanos necesarios, por lo que se estaría incurriendo en la violación del artículo 50 de la Constitución Política, dado que no existe personal para proteger y dar efectividad a la normativa. Solo existe una patrulla de 9 miembros para recorrer las más de 50 ha.
Según indica el recurso de amparo en la actualidad, continúan las violaciones por parte de la minería ilegal la que, lejos de ser controlada, crece hasta el punto de introducir maquinaria pesada, contaminar cursos de agua con sedimentos y eventualmente hasta mercurio.
Además se da la cacería y la tala ilegal para sostén de los campamentos oreros y los depredadores que lucran con la biodiversidad. El Sinac se opone a nombrar más personal y existe resistencia en elaborar estudios sobre la degradación de esos inmensos bosques que tantos recursos y vida generan a Costa Rica.
El recurso pretende que se disponga que el Sinac actúa de forma negligente al no aportar los recursos necesarios para Acosa, se ordene la elaboración de estudios y que se tomen las medidas de seguridad, mitigación y restauración para la contención de la minería ilegal y que se realice una valoración de la magnitud del daño ambiental.
