San José, 28 ago (elmundo.cr) – Un nuevo proyecto de ley busca poner fin a la extensión arbitraria de la vida útil de autobuses que incumplen con la Ley 7600, que garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Según señaló el dipuado del Frente Amplio Antonio Ortega, “¿Sabía usted que en Costa Rica si una empresa autobusera incumple con la Ley 7600 se le hace una excepción para extender la vida útil de esos autobuses?”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discapacidad, “676.310 personas viven con alguna discapacidad, lo que representa el 17,2% de la población adulta del país”, y de ellas, “el 55,5% dijo haberse sentido discriminado, especialmente en los servicios de transporte”, según datos del INEC.
Lo que plantea el proyecto
La propuesta legislativa pretende cerrar ese portillo legal y fortalecer las sanciones a empresas que incumplen con la normativa:
- “Prohibir que los autobuses viejos sigan circulando”. La modificación a la Ley 7600 impediría la extensión de vida útil de las unidades que no cumplen los requisitos de accesibilidad. En esos casos, “su permiso de circulación debe ser suspendido de inmediato”.
- “Sancionar más fuerte a las empresas irresponsables”. La reforma a la Ley de Tránsito otorgaría al Consejo de Transporte Público (CTP) la facultad de “inhabilitar temporalmente a las empresas de transporte que no cumplan con la ley”. Además, “no podrán recibir nuevas concesiones por hasta 3 años” si reinciden en incumplimientos.
Según los proponentes, el objetivo es claro: “saldar la deuda histórica del Estado costarricense con las personas que viven con algún tipo de discapacidad y garantizar su derecho a un transporte público de calidad”.
