San José, 16 jun (elmundo.cr) – La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) informó la apertura de una causa penal en contra del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, por el supuesto delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
La investigación, que se tramita bajo el expediente 25-000210-1218-PE, está relacionada con la implementación del régimen salarial académico (RSA) de la UCR, y Araya es el único investigado en este proceso.
El delito que se investiga está contemplado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), que establece penas de prisión de tres meses a dos años para funcionarios públicos que otorguen beneficios patrimoniales contrarios al ordenamiento jurídico aplicable.
Esta causa se suma a otra investigación abierta previamente por la Fapta contra Araya, por presunto incumplimiento de deberes, relacionada con su participación en una votación en el Consejo Universitario que rechazó una moción para inhibirlo en asuntos vinculados a presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura.
Las denuncias que motivaron la actual investigación fueron presentadas en mayo pasado por el exdirector de la Oficina Jurídica de la UCR, David Fallas, quien acusó al rector y a miembros del Consejo Universitario de posibles delitos como prevaricato, tráfico de influencias y violaciones a la Ley 8422, en relación con la aprobación y aplicación del Reglamento del Régimen Salarial Académico.
Fallas señaló que, según investigaciones periodísticas, el Reglamento podría haber sido aprobado para favorecer la candidatura de Araya a la rectoría y beneficiar a ciertos miembros del Consejo Universitario. Además, denunció dos resoluciones firmadas por Araya (R-13-2025 y R-75-2025) que, según él, habrían permitido traslados salariales y aumentos injustificados sin el respaldo técnico ni legal correspondiente. La resolución R-75-2025 fue revocada tras presión mediática y de la comunidad universitaria.
La Fiscalía confirmó que la causa se originó a partir de una denuncia, aunque no especificó si esta corresponde directamente a la presentada por Fallas. La Rectoría de la UCR fue contactada por el Semanario Universidad para conocer su versión sobre la investigación, pero no dieron una respuesta.
Este caso ha generado un fuerte debate sobre la gestión administrativa y la transparencia en la Universidad de Costa Rica, institución que enfrenta cuestionamientos en medio de cambios salariales y administrativos impulsados desde la rectoría de Araya, quien asumió el cargo en enero de 2025.
La comunidad universitaria y la opinión pública esperan el desarrollo de esta investigación para esclarecer posibles irregularidades y garantizar el respeto a la legalidad en la administración pública universitaria.
