San José, 10 jun (elmundo.cr) – La Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria (Canaess), rechazó el texto que aprobó la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre Fondo de Avales al considerar que esta nueva versión no cumple con la propuesta original de la iniciativa.
“Desde julio de 2020, Canaess indicó que el proyecto de Fondo de Avales era parte de un paquete de iniciativas importantes y muy necesarias para reactivar la economía y que era respaldado por las empresas de la economía social solidaria, sin embargo, la versión aprobada hace unos días contiene serias inconsistencias que atentan contra el espíritu de la propuesta original”, advirtió Montserrat Ruíz, directora ejecutiva de Canaess.
Una de las principales inconsistencias que denunció Canaess es que el nuevo texto indica que el Consejo Rector del Fondo de Avales incluirá a representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y de la Oficina del Consumidor Financiero, un proyecto de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
“Existe un desequilibrio entre los actores que suponen van a componer este Consejo. No se debe duplicar más estructuras, el Sistema Banca para el Desarrollo tiene un fondo de avales y esta misma entidad debería de encargarse de ejecutar la nueva legislación, como corresponde y con los requisitos y variables requeridas para este empréstito específico que está determinado para la reactivación económica de nuevos proyectos productivos de empresas y personas físicas que fueron seriamente afectadas por la Covid-19. Además, la propuesta de creación de este nuevo Consejo y su unidad ejecutora estarían activos hasta por 10 años, sin necesidad, ya que estos fondos deben ser colocados en un plazo máximo de 3 años”, indicó la directora de Canaess.
Ruíz añadió que los fondos, a través de los cuales se financia el Fondo de Avales son susceptibles de ser calificados como fondos públicos. En ese sentido y en virtud de su naturaleza, no puede cederse ni un ápice, al ámbito privado particular, en perjuicio del carácter general de su naturaleza; las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos, corresponden, en todo su extenso, únicamente a aparato estatal”.
Si bien el texto sustitutivo fue aprobado en forma unánime por los 11 diputados que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, y también fue aprobado en primer debate, ya otros legisladores, como Welmer Ramos han mostrado su disconformidad con el mismo al considerar que tiene “grandes errores”.
