En Costa Rica se puede discutir casi todo. Se puede cuestionar a Dios, a la familia, a los símbolos patrios. Lo único que no se toca, a riesgo de quedar retratado de inmediato como un desalmado, es el Estado solidario. Es nuestro dogma civil, el artículo de fe que todos los partidos repiten y que ningún candidato se atreve a rozar. Y precisamente por eso vale la pena llamarlo como lo que es, un fraude semántico, una operación de lenguaje mediante la cual se disfraza de virtud lo que en el fondo no es más que coacción.
Empecemos por la palabra, porque ahí está la trampa. La solidaridad es una virtud, y como toda virtud solo tiene sentido cuando se ejerce en libertad. Yo puedo ser solidaria con mi vecino porque lo elijo, y todo el mérito nace justamente de esa elección. Cuando el Estado dice ser solidario, en cambio, lo que hace es tomar de unos por la fuerza para entregar a otros, y luego bautiza esa transferencia con el nombre de la virtud que acaba de destruir. La caridad forzada NO es caridad. No hay mérito alguno en regalar lo que a uno le quitaron primero, por más aterciopelado que sea el guante que ejecuta el despojo. De hecho, Franz Oppenheimer explicó hace más de un siglo que existen dos maneras de obtener riqueza, el medio económico, que es producir e intercambiar, y el medio político, que es simplemente tomar lo que otro produjo. El Estado es la organización sistemática del segundo, y cuando se viste de solidario no hace más que lavar esa coacción con “moral”.
El mito se sostiene además sobre una mentira histórica, la idea de que antes del Estado benefactor existía un desierto de crueldad donde el pobre moría tirado en la calle. No es cierto. Antes de que el aparato lo absorbiera todo había redes densísimas de ayuda mutua: mutuales, cofradías, sociedades de socorro, la parroquia, el cooperativismo que nacía desde abajo. Solidaridad de verdad, cara a cara, que conocía nombres y circunstancias y que rendía cuentas ante la propia comunidad. El Estado no llegó a llenar un vacío, llegó a crearlo, porque cada función que fue absorbiendo atrofió a la institución que antes la cumplía. ¿Para qué sostener la mutual del barrio si el Estado promete lo mismo por decreto? El poder central crece disolviendo los cuerpos intermedios que se interponen entre el individuo y él, hasta dejar al ciudadano solo, inerme, frente al único proveedor que queda en pie.
Y aquí llegamos al corazón del asunto, al momento exacto en que ayudar se convierte en controlar. La dependencia es poder. Quien te da el pan, la medicina, el bono, la pensión, adquiere sobre vos una influencia que ningún actor privado podría siquiera soñar, porque al Estado no lo podés despedir ni cambiar por otro proveedor. La relación deja de ser entre ciudadano y servidor público y pasa a ser entre patrón y cliente, entre benefactor y suplicante. El que recibe el subsidio no es un hombre libre ejerciendo un derecho, es una clientela cautiva cuya subsistencia depende de que la mano que lo alimenta siga extendida. Y esa mano lo sabe perfectamente. El Estado solidario es la única empresa del mundo que se beneficia de que el problema que dice combatir no se resuelva jamás, porque cada dependiente es un voto, una base electoral, una razón más para que el aparato siga creciendo.
Lo interesante es que nada de esto exige que haya hombres malos al mando. Al Estado solidario se lo defiende como si lo administraran santos que solo piensan en el más vulnerable, pero lo gestionan seres humanos con exactamente los mismos incentivos que cualquier otro. Una burocracia crece expandiendo su presupuesto, su planilla y su alcance, jamás declarando cumplida su misión para disolverse. El funcionario responde a incentivos igual que el resto de los mortales, así que el programa que fracasa en reducir la pobreza no es un escándalo que haya que corregir, es la razón misma por la cual ese programa pedirá más dinero el año entrante. La máquina diseñada para combatir un problema termina necesitando el problema para sobrevivir.
Y acá vale mencionar a uno de mis autores favoritos, Hans-Hermann Hoppe, porque lo explicó a la perfección: el Estado de bienestar le paga a la gente por ser, y por seguir siendo, exactamente la clase de persona para la que existe la ayuda. Cuando se subsidia lo que produce pobreza y se castiga con impuestos lo que saca de ella, uno obtiene más de lo primero y menos de lo segundo.
En ningún lugar este mito es más sagrado que en Costa Rica, y por eso mismo hay que escribirlo aquí. El país construyó su identidad entera alrededor del Estado benefactor. 1949, la abolición del ejército, la plata redirigida hacia el gasto social, la Caja convertida en la joya de la corona. El problema es que el modelo hoy muestra las costuras por todos lados, y los números son demoledores.
La misma CCSS que prometía salud universal mantiene a más de un millón de personas en listas de espera. A marzo de 2026 había 204.622 pacientes aguardando una cirugía, con una demora promedio de 441 días. En cardiología, quien necesita un cateterismo espera en promedio 1.382 días, es decir, más de tres años y siete meses para un procedimiento que muchas veces define si el paciente sigue vivo. La propia presidente ejecutiva de la institución admitió ante los diputados que hoy es sencillamente imposible reducir esas listas, entre otras cosas porque al sistema le faltan más de cuatrocientos médicos especialistas. Y mientras la gente envejece en la fila, el Estado le adeuda a la Caja más de 4,4 billones de colones. El benefactor no le paga ni al benefactor.
El sistema de pensiones cuenta la misma historia. El IVM, levantado sobre la promesa de solidaridad entre generaciones, tuvo que echar mano de su reserva por primera vez en la historia al cerrar 2025, un escenario que los estudios actuariales ubicaban recién para 2041. Se adelantó 16 años. La razón es que sus ingresos ya no alcanzan para pagar las pensiones, y no alcanzan porque la demografía dejó de cerrar. La tasa de natalidad se derrumbó de 17,58 nacimientos por cada mil habitantes en el año 2000 a 9,62 en 2025, un desplome del 45%. Cuando la reserva se agote, y se va a agotar, el artículo 177 de la Constitución obliga a cubrir el faltante con el Presupuesto Nacional, o sea, con más impuestos y más deuda. El FMI proyectó que ese hueco puede acercarse al 1,7% del PIB para 2050.
Y la deuda pública que financió décadas de buena conciencia ya hipotecó ese futuro. Cerró 2025 en 60,4% del PIB, más de 31 billones de colones, cruzando el umbral que activa el tramo más severo de la regla fiscal. Solo en intereses el país destina alrededor del 4,5% de su producción cada año, plata que no se gasta en el pobre de hoy sino en los acreedores de ayer. Y a todo esto hay que sumarle que elección tras elección, la ayuda social funciona como la maquinaria de clientelismo más eficiente que tiene el país.
Sé que a estas alturas aparecen las dos objeciones de siempre. La primera es el chantaje moral disfrazado de pregunta: “¿Y sin Estado, quién ayuda al pobre?”. La respuesta no es que nadie lo haría, sino que la pregunta ya da por sentado el monopolio que estamos discutiendo, como si antes de 1949 el enfermo muriera en la zanja y la sociedad civil fuera incapaz de lo que de hecho hizo durante siglos. La segunda objeción es la postal sagrada del modelo costarricense: “Pero produjo buenos indicadores sociales”. Y sí, algunos indicadores fueron buenos. El problema es convertir eso en absolución histórica, como si un resultado favorable demostrara automáticamente que el mecanismo fue el correcto, eficiente o sostenible.
Los ticos que defienden el Estado solidario como si fuera la esencia misma de ser costarricense deberían hacerse una pregunta: eso que veneran con tanto orgullo, ¿es realmente solidaridad, o es el aparato que la secuestró, la burocratizó y después nos convenció de que pagar la factura era un acto de amor patrio?
