San José, 21 feb (elmundo.cr) – Los diputados Ottón Solís del PAC, Sandra Piszk y Karla Prendas del PLN elevaron ante la Contraloría General de la República gestiones para que se investigue el pago del incentivo de prohibición a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte.
Las gestiones se dan luego de que ayer EL MUNDO revelara en exclusiva que Zuñiga ha percibido desde su nombramiento en mayo de 2014 y hasta la fecha, ese incentivo sin tener los requisitos necesarios para ello.
Sandra Piszk, diputada del PLN y quien hizo una gestión independiente pidió a la Contraloría tomar nota de la respuesta que el Ministro de Comunicación, Mauricio Herrera dio a este medio al solicitarle los detalles del pago del incentivo a la funcionaria Zuñiga.
En ese oficio enviado por Herrera, se detalló el pago quincenal del incentivo a la jerarca, así como la base legal empleada por Casa Presidencial para otorgárselo.
Asimismo, la legisladora cuestionó que en los tres casos que se han presentado en esta Administración no se han sentado responsabilidades administrativas ni políticas.
La investigación de este medio generó revuelo en Cuesta de Moras. Diputados del PLN se levantaron a criticar la falta de posición y autocrítica del PAC sobre este caso y los dos anteriores: los de las viceministras Ana Cristina Trejos y Carmen Muñoz.
Minutos después, Ottón Solís, fundador del PAC se levantó y dijo que él eximía a Zuñiga Aponte de cualquier hecho incorrecto en el pago de la prohibición a su favor, ya que, según dijo, en la información que tenía le dijeron que la Procuraduría había avalado el pago de la prohibición a bachilleres en Derecho.
Sin embargo, Karla Prendas, diputada del PLN advirtió a Solís que lo que la Procuraduría manifestó es que los bachilleres en Derecho están eximidos del requisito de colegiarse (pues la Ley no lo permite), con el fin de reconocerles el incentivo de dedicación exclusiva, uno completamente diferente al que percibe la funcionaria Zuñiga Aponte.
La confusión del legislador del PAC se debe a que desde ayer, el despacho de la viceministra ha emitido en redes sociales informaciones viciadas y contradictorias en el que usan el criterio de la Procuraduría sobre el otorgamiento de la dedicación exclusiva a bachilleres universitarios para sustentar el pago de la prohibición a Zuñiga.
Al ser alertado de lo que en realidad contenía el pronunciamiento usado por Presidencia y que además, dos meses después de emitido ese dictamen la propia Procuraduría manifestó explícitamente que “dentro de los supuestos previstos en la Ley de Compensación por Pago de Prohibición N° 5867 y su Reglamento, no existe una norma legal que reconozca el pago por concepto de prohibición a los Bachilleres Universitarios en Derecho, por lo que no sería posible reconocer dicho emolumento”, Solís se apersonó donde Prendas para suscribir ambos una gestión ante la Contraloría para que allí se determine la legalidad del pago del incentivo.
