Sobre el pronunciamiento público de 21 personas, varias de las cuales son pensionadas. en apoyo a Porfirio Sánchez Rodríguez.
Yo he dicho la verdad. Me alegra muchísimo que esas personas firmantes, y ojalá muchas más, funcionarias activas o jubiladas del Poder Judicial, no hayan sido irrespetadas por Porfirio Sánchez Rodríguez. No obstante, como se puede demostrar con documentos, a una defensora pública le negó su derecho a la licencia de lactancia cuando él fue juez de la Inspección Judicial, a una usuaria le negó el derecho a una sentencia justa en un caso de acoso sexual por parte de un diputado, y a las funcionarias magistradas mujeres quiso impedirles la oportunidad de ocuparan en igualdad de condiciones con servidores hombres, los cargos de la presidencia y/o vicepresidencia de Corte Plena.
El pronunciamiento público de esas personas no abate una realidad innegable: la incompetencia de Porfirio Sánchez como magistrado de la Sala Segunda y como jefe de esa oficina en tanto órgano jurisdiccional. Ellos y ellas no pueden refutar el hecho que ese empleado público ha permitido que en la oficina en que ejerce jefatura, se incumplan normas de la Ley de Control Interno, y se viole sistemáticamente el derecho humano tutelado en instrumentos de derecho nacional e internacional, a la justicia pronta y cumplida.
La jueza Liz Maureen Tencio, una bella persona y una excelente profesional, también fue arbitrariamente tratada por él como juez de la Inspección Judicial, al extremo que ella enfermó gravemente y murió a los 52 años el 10 de julio de este año, El deceso de Liz fue lo que me decidió a hacer pública mi triste experiencia, que sí narré en el 2016 a una diputada de Liberación Nacional, señora Karla Prendas, en presencia de otras dos señoras juezas actualmente jubiladas y ante la misma Liz. Eso fue cuando ese hombre estaba concursando por la magistratura.
Contra mí fue interpuesta una denuncia penal. Yo desafío públicamente a Porfirio Sánchez, a que renuncie a la prescripción y a la inmunidad, para que yo también lo denuncie, y el pueblo de Costa Rica pueda decidir no con un sino con dos juicios, quién ha dicho la verdad. Yo juré servirle al país, no a uno ni a 22 veintidós magistrados, ni a grupos de poder económico o a partidos políticos, ni mucho menos a las personas firmantes de ese comunicado público. Reitero y mantengo lo que he dicho, que es la verdad. Todos los habitantes de este país, tienen derecho a saber quiénes son en realidad, las personas que llegan a las magistraturas.
