San José, 14 nov (elmundo.cr) – El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que, tras una inspección realizada en el Centro de Atención de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), se lograron constatar situaciones que podrían constituir violaciones a los derechos humanos, abusos de autoridad y actos de tortura contra la población privada de libertad.
La diligencia, que fue coordinada con la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo de Prevención de la Tortura, la Defensa Pública y jueces de ejecución de la pena, respondió a múltiples denuncias sobre violencia sistemática en el centro penitenciario.
“Una vez que se realizó la diligencia pudimos constatar que efectivamente se están presentando algunas situaciones que podrían encajar en violaciones de derechos humanos y algunas situaciones también de abuso de autoridad y de tortura”, aseguró Díaz.
El fiscal detalló que, durante el recorrido, los privados de libertad relataron agresiones físicas por parte de una de las escuadras de custodia, así como lesiones sufridas durante procedimientos de corte de cabello.
Asimismo, denunciaron condiciones infrahumanas, incluyendo la falta de atención médica —a pesar de haber un médico asignado para 1.020 personas—, la restricción del contacto con el exterior a solo 10 minutos semanales y la eliminación de oportunidades educativas y laborales.
Díaz calificó como “paradójico” que los reclusos solicitaran ayuda al Ministerio Público, siendo esta la institución que gestionó sus condenas, pero enfatizó que la ley faculta a los fiscales para supervisar las cárceles y garantizar que no existan abusos.
“Tan delincuente es el que mata, el que roba, el que viola, como el que utiliza mal los recursos públicos, como el que da adjudicaciones de licitaciones a dedo, o como la persona que tortura o abusa de autoridad en contra de privados de libertad”, subrayó el jerarca.
El Ministerio Público ya ha iniciado la recolección de testimonios y nombres de las víctimas para profundizar en las investigaciones. Por su parte, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, cuestionó la diligencia calificándola de “show mediático” y criticó que no se realizara una coordinación previa con su cartera, a pesar de la naturaleza sorpresiva de la inspección.
