Un convenio que contempla utilizar instalaciones deportivas públicas, sin fijar un pago por esos espacios y con varias condiciones pendientes de definir, llegará este lunes a votación de la Junta Directiva Interventora del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José.
Se trata de “San José Golea”, una propuesta de cooperación entre el Comité, la Municipalidad de San José, Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva y Fundación Saprissa.
ElMundo.CR tuvo acceso al proyecto y al criterio jurídico municipal que lo considera viable, sujeto a atender observaciones antes de formalizarlo.
El acuerdo busca desarrollar actividades de fútbol formativo, recreativo y competitivo para niñas, niños y adolescentes del cantón. También contempla capacitación de entrenadores comunales, festivales, clínicas y programas sociales.
La pregunta sobre el dinero surge al revisar las obligaciones relacionadas con las instalaciones. La Municipalidad facilitaría espacios deportivos y comunales, mientras el Comité facilitaría el uso de los recintos bajo su administración, según disponibilidad.
El proyecto deja pendiente cuáles instalaciones se utilizarían y las condiciones económicas de ese uso. Esos detalles deberán establecerse mediante acuerdos posteriores.
Fuentes relacionadas con el tema indicaron a ElMundo.CR que, en conversaciones dentro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, se menciona la posibilidad de entregar el Estadio Ernesto Rohrmoser en administración gratuita al Saprissa.
Las fuentes también expresaron preocupación ante un eventual traslado de las divisiones menores y del equipo femenino del club morado a esa instalación de Pavas.
El proyecto revisado deja sin identificar los inmuebles que se utilizarían. La eventual entrega de la administración del Rohrmoser corresponde a la versión de las fuentes consultadas.
ElMundo.CR remitió preguntas al Deportivo Saprissa sobre el convenio y el posible uso o administración del estadio. El club no respondió las consultas.
La cláusula décima señala que el convenio marco carece de estimación económica porque, por sí mismo, genera compromisos ordinarios de coordinación y cooperación. Cualquier obligación financiera deberá constar expresamente en un acuerdo posterior.
Por ello, el texto deja abierta una pregunta para las comunidades. ¿Bajo qué condiciones se facilitarían sus espacios deportivos y qué recibirían a cambio?
El artículo 180 del Código Municipal contempla una vía específica para ceder en administración áreas deportivas y recreativas a organizaciones de desarrollo comunal y asociaciones constituidas bajo la Ley 218.
Esa autorización exige un convenio, aprobación del Concejo Municipal, vinculación territorial de la organización y el compromiso de asumir el mantenimiento y las mejoras de las instalaciones.
Las sociedades anónimas deportivas y las fundaciones quedan fuera de las figuras enumeradas en esa autorización. Una eventual entrega de la administración a cualquiera de esas entidades requiere precisar el fundamento jurídico que la permitiría.
Entre las obligaciones previstas para Saprissa aparecen academias franquiciadas que entrenen en instalaciones “cedidas o prestadas” por el Comité y la Municipalidad.
El club gestionaría acercamientos con esas academias para valorar su participación en campeonatos y actividades recreativas. También podría promover becas o cupos de apoyo.
La cantidad de becas, los costos, los criterios de selección y la vigencia quedarían para acuerdos específicos. El documento reconoce que las academias funcionan mediante relaciones comerciales independientes y que cada una deberá aceptar su participación.
El proyecto tampoco establece una cantidad mínima de becas ni garantiza que todas las actividades de esas academias sean gratuitas para las familias.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad puso atención en la participación de las franquicias.
En el oficio DAJ-2061-07-2026, del 2 de noviembre, recomendó aclarar expresamente que su participación y la de terceros vinculados con las entidades privadas requiere valoración y autorización previa del órgano competente para utilizar instalaciones o recursos municipales.
También advirtió que las actividades deben responder a fines públicos y evitar que los bienes municipales se conviertan en un mecanismo para favorecer actividades comerciales particulares.
El criterio exige justificar los compromisos que involucren dinero, personal, instalaciones o contratación de servicios. Además, pide verificar que la figura del convenio respete los procedimientos de contratación pública que correspondan.
Otra observación apunta a las facultades de la Junta Directiva Interventora. Jurídicos solicita comprobar que pueda aprobar y suscribir este tipo de instrumentos y que exista el acuerdo específico que autorice el convenio.
Los acuerdos de ejecución también deberán precisar las responsabilidades sobre seguridad, atención de emergencias, pólizas, supervisión de actividades y protección de las personas menores de edad.
La propuesta fija cuatro años de vigencia desde la última firma, con posibilidad de prórroga. En la copia revisada permanece un comentario que recomienda reducir ese plazo a un año.
La votación del lunes pondrá sobre la mesa un marco de cooperación con detalles operativos pendientes. Entre ellos, cuáles instalaciones se utilizarían, quién asumiría los costos y cuántos menores accederían a becas o cupos de apoyo.
