San José, 11 jun (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, le aclaró a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, que rendir cuentas es una obligación legal para todo funcionario.
La ministra explicó que no acudió al llamado de la Defensoría porque la citación se realizó mediante un mecanismo jurídico que no corresponde, según los artículos 12.3 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes y 143 de la Constitución Política.
La defensora señala que “la interpretación realizada por su Despacho no resulta conforme con el ordenamiento jurídico y roza con principios básicos que informan el accionar público”.
“En el artículo 11 de la Constitución Política se establece el deber de rendir cuentas, consustancial a todo funcionario y funcionaria pública como simples depositarias de la autoridad que somos”, agregó.
Cruickshank reiteró que “resulta abiertamente improcedente, desde todo punto de vista, siquiera aducir, que algún funcionario o funcionaria, incluso el propio presidente de la República o una ministra de Gobierno, no esté sometido y por tanto esté exento del control de diversas instituciones y de los propios ciudadanos; afirmar lo contrario, implicaría debilitar la institucionalidad pública democrática”.
“La excepción contenida en la norma respecto a las personas que ostentan inmunidad refiere a no ser obligado a comparecer a través del uso de la Fuerza Pública para hacerlo llegar a la citación, siendo precisamente en ese contexto que debe ser entendido en los artículos 12 y 27 mencionados, y la alusión que se hace en la frase final a los funcionarios que gozan de inmunidad”, sostiene.
La defensora explicó a la ministra que “el texto restante de la norma, sea, la presentación ante la convocatoria del defensor o defensora de los Habitantes, aplica a todos los servidores públicos sin distingo, gocen o no de inmunidad, pues es lo que guarda congruencia en el contexto del Estado de Derecho costarricense regido por los principios constitucionales de rendición de cuentas, evaluación de resultados y transparencia”.
“Lamenta, por tanto, la Defensoría que, con base en una interpretación jurídica errada no se haya atendido el deber constitucional de rendición de cuentas”, concluyó.
