San José, 01 abr (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) emitió un reporte de fiscalización dirigido a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).
El informe señala deficiencias en el establecimiento y formalización de controles para la contratación y funciones de las firmas implementadoras del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).
El PROERI, que comprende 502 proyectos de emergencia y peligro inminente, cuenta con un presupuesto de USD 700 millones y su ejecución recae en las entidades mencionadas.
Para la gestión operativa, técnica, administrativa y financiera de los proyectos, la legislación exige la contratación de firmas implementadoras independientes como Unidades Ejecutoras. No obstante, el informe de la CGR revela que esta disposición no ha sido cumplida adecuadamente.
Principales hallazgos de la Contraloría
El informe destaca que cinco contratos han sido suscritos bajo la categoría de “asistencia técnica” con un único organismo internacional, lo que contradice la Ley N° 10456, la cual estipula que las firmas implementadoras deben ser independientes y especializadas en la ejecución de los proyectos.
Además, solo dos de los siete precios comparados en los procesos de contratación corresponden a oferentes distintos al organismo internacional contratado, lo que limita la competencia y transparencia en la adjudicación de los contratos.
Otro punto señalado es que se han desembolsado USD 9 millones sin un estudio de mercado que evalúe alternativas tanto nacionales como internacionales, lo que podría afectar la eficiencia del uso de los fondos destinados a la reconstrucción y resiliencia de la infraestructura afectada por emergencias.
Posibles repercusiones
El reporte de la CGR podría generar acciones correctivas por parte de las instituciones involucradas y abrir la puerta a investigaciones adicionales sobre el manejo de los recursos públicos.
La transparencia en la contratación de firmas implementadoras es un aspecto clave para garantizar la adecuada ejecución del PROERI y evitar posibles irregularidades en la gestión de los fondos.
