San José, 27 may (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) emitió un criterio técnico sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley que busca reformar el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Japdeva (expediente n.° 24.259), subrayando la importancia de dotar a la institución de herramientas robustas que aseguren el desarrollo socioeconómico de Limón bajo estrictos controles de transparencia.
El ente contralor reconoció la necesidad de dinamizar la economía en la provincia, una de las regiones con mayor rezago en el país, y valoró positivamente que el nuevo texto sustitutivo se aleje de las versiones anteriores, incorporando elementos como estudios de factibilidad, protección del dominio público y la sujeción a los principios de la contratación pública.
“La Contraloría General comparte plenamente la necesidad de propiciar el éxito de los proyectos de infraestructura, de manera particular, de la provincia de Limón”, señaló el órgano en su oficio remitido a la Asamblea Legislativa.
Observaciones clave para la seguridad jurídica
Aunque el proyecto busca habilitar alianzas estratégicas para infraestructura y servicios, la CGR advirtió que la propuesta se aproxima a un modelo de Asociación Público-Privada (APP) con fines de interés social. Por ello, enfatizó que es indispensable definir aspectos que brinden seguridad jurídica y eviten riesgos a la Hacienda Pública:
- Procedimientos concursales: La CGR aclaró que la selección del socio privado no puede ser discrecional. Debe estructurarse mediante procedimientos de licitación que garanticen la libre concurrencia, publicidad, imparcialidad y selección objetiva.
- Control y fiscalización: El órgano contralor recordó que, ante cualquier omisión legislativa, mantiene su potestad de fiscalización y resolución de recursos (objeción y apelación) en contrataciones que involucren fondos públicos, como garantía de imparcialidad.
- Uso de SICOP: Cualquier contratación derivada de esta ley debe realizarse obligatoriamente a través del Sistema Digital Unificado (SICOP), en estricto apego a la Ley General de Contratación Pública.
- Gestión de riesgos y sostenibilidad: La CGR sugirió incluir reglas claras sobre la distribución de riesgos (constructivos, financieros y operativos), así como mecanismos de auditoría externa e independiente que evalúen el cumplimiento de los objetivos sociales y territoriales a largo plazo.
Enfoque en el desarrollo territorial
El criterio técnico destaca que el éxito de estas iniciativas no debe limitarse a la visión comercial, sino trascender hacia la generación de empleo, encadenamientos productivos y bienestar comunitario.
La Contraloría instó a los legisladores a precisar aspectos como las condiciones de terminación anticipada, la reversión de activos y los mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de que las inversiones generen resultados sostenibles para los habitantes del Caribe costarricense.
Finalmente, el órgano contralor reiteró que sus observaciones tienen un carácter preventivo, con el objetivo de fortalecer la confianza pública y asegurar que la figura propuesta se materialice de forma eficiente, transparente y en resguardo del interés público.
