San José, 14 oct (elmundo.cr) – El abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, defendió este martes en La Nación la legalidad de la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que la Asamblea Legislativa levante la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, con el fin de que pueda ser investigado por presunta beligerancia política.
En su artículo titulado “El TSE tiene la razón”, Hernández afirma que el Tribunal actuó dentro del marco constitucional y que su decisión se sustenta en una correcta interpretación del artículo 102 de la Constitución Política y de los artículos 5 y 270 del Código Electoral, que otorgan al TSE plena autonomía en materia electoral.
“La lógica más elemental indica que ese Tribunal nunca habría incurrido en un desaguisado de esa naturaleza. En palabras coloquiales, nunca se hubiera tirado sin paracaídas”, escribió el jurista.
El constitucionalista señaló que el TSE no podía permanecer pasivo ante las 15 denuncias por beligerancia política contra el mandatario y que su decisión de acudir a la Asamblea Legislativa representa un acto de responsabilidad institucional.
Hernández recordó que la inmunidad presidencial no constituye un privilegio personal, sino una garantía funcional que puede levantarse cuando existen razones fundadas. Subrayó que sostener lo contrario implicaría negar la capacidad del TSE de cumplir su función esencial de proteger la pureza del sufragio y la imparcialidad electoral.
El abogado también cuestionó las críticas dirigidas al Tribunal y destacó que ninguno de sus detractores ha logrado demostrar una contradicción jurídica real. Según explicó, el inciso 5 del artículo 102 de la Constitución confiere al TSE la potestad de “investigar y pronunciarse sobre la participación de funcionarios públicos en actividades políticas prohibidas”.
“El TSE ejerció su facultad exclusiva y excluyente, otorgada por el constituyente en el inciso 3 del mismo artículo, para interpretar auténticamente la Constitución en materia electoral”, puntualizó Hernández.
El jurista concluyó que el Tribunal actuó “conforme a derecho” y que su intervención no viola la Constitución ni el principio de división de poderes, sino que refuerza el equilibrio institucional al permitir que la Asamblea determine si procede o no levantar el fuero presidencial.
“En conclusión, el TSE ha actuado con apego a la Constitución y a la ley”, sentenció el constitucionalista.
