San José, 02 nov (elmundo.cr)- Cada fin de año, los costarricenses deben alistar la billetera para pagar los derechos de circulación o marchamo, pese al estado deteriorado de la red vial del país, según el criterio de diputados, de la Uccaep y de un informe internacional dado a conocer recientemente.
La ley establece que del monto total cobrado por el marchamo, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le ingresa el 50%, que se utiliza para todo lo relacionado con proyectos de infraestructura.
Es decir, solo el año pasado, el gobierno esperaba recaudar ₡241 mil millones por concepto del pago de marchamo, de los cuales una cifra cercana a los ₡120 mil millones se destinarían al fondo vial del Conavi.
Una vez que el dinero llega a las arcas de la entidad, el monto se reparte en la Gerencia de Mantenimiento, Conservación de Carreteras, Obra Nueva y en Supervisión de Carreteras, pero no de forma específica, sino de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando.
El dinero se cobra para darle mantenimiento a la red vial, debido al desgaste que provocan los más de un millón y medio de vehículos que circulan al año, en las carreteras del país.
En ese sentido, el Conavi, por medio de adjudicaciones a terceros, solo el año pasado destinó ¢128.430 millones para el mantenimiento constante y la rehabilitación de la red vial nacional en pavimento, durante los próximos cuatro años.
Pero, ¿en dónde están los resultados? A simple vista cualquier ciudadano arrojaría esa pregunta al aire, y para responder a esa duda hay un estudio internacional reciente que coloca a Costa Rica en una posición poco privilegiada en cuanto al estado de las calles.
En el ranking americano de calidad de carreteras 2017-2018, según el Foro Económico Mundial, el país aparece en el veinteavo lugar; incluso por debajo de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá.
Aunado a ello, en el rango global de dicho análisis, Costa Rica figura en la menospreciada casilla 123, estando dentro del continente americano, solo por encima de Paraguay y Haití.
Alzan la voz desde el Congreso
Algunos diputados mostraron su malestar en cuanto al cobro del marchamo, pues consideran que no se ve reflejado en la calidad de las carreteras. Uno de ellos es el socialcristiano Rafael Ortiz, quien dijo que este es el “vivo” ejemplo de un estado que cobra recursos y no los devuelve a los usuarios.
Además, el congresista reprochó que el objetivo para el cual se hizo el marchamo, en la actualidad no cumple las expectativas en materia de infraestructura vial.
“Volvemos a la situación de lo que es el Conavi, a la inoperancia del MOPT, en fin, es un problema de carácter estructural, pero lo más sencillo es cobrar más para que probablemente se vaya a algo que ni siquiera tenga que ver con lo cual fue creado”, criticó.
La frenteamplista Patricia Mora manifestó que no solo comprende, sino que se une a la ciudadanía, al estar “harta” de que se cobren impuestos a la clase trabajadora, que percibe un salario y de él vive, mientras que a “los que más tienen no se les cobran tributos o los evaden”.
“Son calles absolutamente llenas de huecos, todas están cerradas y cobrarnos impuesto por eso parece una arbitrariedad. No existe esa rendición de cuentas. No sé ve con claridad en qué se están invirtiendo”, sostuvo.
“Es un desastre”, añadió el libertario Otto Guevara, en cuanto a la forma en que al final de año, inclusive juntándose con otros gastos, al ciudadano se le cobra el marchamo.
A su parecer, uno de los componentes que debería eliminarse es el impuesto a la propiedad de los vehículos, siendo este el rubro más elevado dentro del marchamo.
El diputado apela para que se reestructure el marchamo, de modo que opere como en otros países, donde solo se paga el derecho de circulación.
“Nosotros presentamos un proyecto hace un año, donde establecimos que todos los vehículos, independientemente de su valor, paguen un monto cercano a los ₡50 mil y los pesados de tres, cuatro, cinco y seis ejes cancelen más.
“Así como sucede hoy en los peajes; las motos pagan un rubro, los vehículos livianos otro y los pesados otro. Esta es la propuesta que estamos haciendo nosotros de marchamo con montos similares a los que se pagan en otros países”, explicó.
La liberacionista Karla Prendas aseguró que hay una serie de expectativas que no se cumplen en materia de calles: arreglo, señalamiento, mantenimiento, asfaltado y puentes, son solo algunas áreas que para la diputada están pendientes de ser subsanadas.
También considera que esto es producto de una burocracia significativa, la cual no permite tener carreteras en condiciones que se esperan para la seguridad vial.
“No hay una ejecución pronta, inmediata, proactiva y preventiva de los accidentes, a pesar de que hay presupuestos, a pesar de que lo que se recauda del marchamo va para vías nacionales. No lo vemos plasmado en la práctica”, afirmó.
Otro legislador disconforme con la situación es Fabricio Alvarado, quien precisó que el monto recaudado en el marchamo debería utilizarse para tener mejores carreteras, sin embargo, a su parecer el país sigue sumido en una crisis, con un retraso de 30 años en materia de infraestructura.
“Me parece muy lógico el enojo de los costarricenses, que también es el nuestro, en el sentido de que no se ven los resultados de esos dineros, no se ven mejores carreteras y el pueblo sigue padeciendo por esa crisis de infraestructura y ese deterioro de las calles, que según estudios del Lanamme andan en un 75%”, acotó.
“El país colapsado”
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), hizo un llamado al gobierno para que priorice obras de infraestructura vial, que son necesarias para mejorar la movilidad urbana en el país.
El director ejecutivo de la Uccaep, Fabio Masis, subrayó que la falta de capacidad en la administración y ejecución de proyectos por parte de las autoridades competentes en materia de obra pública, tienen al país colapsado.
“Las malas condiciones en las carreteras nacionales repercuten en la pérdida de calidad de vida y competitividad del país, generando altos costos para el transporte de mercadería y la producción nacional”, agregó.
De igual forma indicó que es necesaria una adecuada ejecución por parte del gobierno, de los recursos disponibles para el mantenimiento y construcción de la infraestructura vial; entre ellos, los fondos recaudados por el cobro del derecho de circulación.
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