San José, 11 ago (elmundo.cr) – Un proyecto de Ley que presentó el Gobierno de Luis Guillermo Solís y que ha convocado al periodo de sesiones extraordinarias de este mes de agosto, podría ser inconstitucional.
Se trata de la iniciativa tramitada en el expediente 19.899, que pretende reformar la Ley General de Caminos (Ley 5060), con el fin de permitir la construcción de carreteras y talar árboles en el derecho de vía o áreas protegidas, sin que se requiera permiso del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Barra de Prensa: Proyecto de Ley 19.899: Ley para talar árboles en el derecho de vía sin permiso del MINAE
En la actualidad para efectuar tal corta se requiere de la autorización del Ministerio del Ambiente y Energía; lo cual genera -según el Gobierno- trámites que causan afectación en la intervención oportuna de las vías.
El proyecto autoriza a construir en terrenos con aptitud forestal propiedad del Estado y en áreas silvestres protegidas, los derechos de vía que “técnicamente se estimen necesarios para el desarrollo de una obra de infraestructura vial”.
Para ello, y según el texto presentado al Congreso, bastará para ello que se emita la viabilidad ambiental y la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto en cuestión, para que el Estado pueda libremente talar árboles que se encuentren en ese derecho de vía, o en zonas ambientales protegidas.
Sin embargo, el proyecto podría ser declarado inconstitucional si se envía a la Sala Constitucional, pues violentaría los principios de progresividad y no regresión en materia ambiental.
Así lo advierte un informe jurídico realizado por el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, hecho para esta iniciativa.
“El proyecto de Ley podría contener vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios constitucionales de progresividad y no regresión, en virtud de que se deja un permiso abierto al MOPT para que puedan intervenir en áreas de protección sin requerir la declaración de conveniencia nacional”, advierte el informe del cual, EL MUNDO tiene copia.
“Con ello, tácitamente se estarían restringiendo las áreas de protección sin que se establezca mediante Ley cuáles serán estas áreas, ni tampoco se aporta un estudio técnico de que dicha restricción produce un perjuicio al Patrimonio Natural del Estado”, agrega el documento.
Y es que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya ha dejado muy claro en reiteradas ocasiones, los requisitos que se deben cumplir en caso de que se quiera promulgar legislación que cause regresión en temas ambientales: debe estar basada en estudios técnicos, y este proyecto de Ley no los contempla.
La advertencia del informe jurídico radica en que, en lugar de un estudio técnico, bastará con la declaratoria de interés nacional y el visto bueno de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), para entrar a zonas protegidas a talar todo tipo de vegetación, con el fin de construir o reparar la red vial.
“Cualquier modificación que implique la reducción de los límites de un área silvestre protegida –sin importar cuál sea su categoría de manejo- debe hacerse mediante acto legislativo avalado por un criterio técnico previo, que justifique su adopción”, recordó la Procuraduría General de la República, en su opinión jurídica OJ-100-2008, citando las sentencias de la Sala Constitucional 7294-1998 y 2988-1999.
La Federación Ecologista (FECON) anunció este miércoles su rotunda oposición a ese proyecto de Ley, estudiado en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Mediante un comunicado de prensa de esta organización, el experto en evaluación ambiental, Dr. Allan Astorga aseguró que esto es, nuevamente, querer meter tractores en las Áreas Silvestres protegidas.
“Estoy convencido que eso tiene que ver con el Canal Seco, pues si este proyecto se aprobara, podrían pasar el trazo de la vía por humedales, parques nacionales, reservas forestales y todo lo que entre en categoría de área silvestre protegida y patrimonio natural del Estado…. aprobar este proyecto significaría el principio del fin de la Costa Rica verde y protectora del ambiente”, dijo Astorga.
Los ambientalistas recordaron lo perjudicial que ha sido construir carreteras a través de parques nacionales, citando el ejemplo de la Ruta 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo.
“El desarrollo de proyectos viales en áreas vulnerables implica una seria cadena de impactos ambientales negativos que con el tiempo, se transforman en daños ambientales irreversibles”, dice el comunicado.
