Ya que llamé su atención con el título, permítame aclarar tres cosas:
Primero, sí creo que Costa Rica no necesita una institución como la Caja. Segundo, creo que, como pagadores de impuestos, merecemos y debemos estar en el centro de toda política pública. Y tercero, estoy convencido de que cuanto más grande sea el gobierno, menos libertad tenemos como individuos.
Ahora sí, ampliemos.
La CCSS nació en noviembre de 1941 con el objetivo de brindar servicios de salud para los trabajadores y sus familias, y por décadas fue un símbolo de desarrollo, innovación e infraestructura, y la envidia de prácticamente todos los países de la región. Médicos bien preparados, hospitales sólidos y una extensa red que sirvió para que nuestro país consiguiera manejar un modelo con una capacidad técnica relevante.
Personalmente, y quizás debido a la visión que tengo de algunas cosas, tiendo a dar el beneficio de la duda a muchas iniciativas de los gobiernos, porque, vamos, ¿quién no está de acuerdo en que la salud pública es importante?, ¿quién fundaría una institución para convertirla en herramienta de control y poder político? Supongamos que la intención inicial de sus fundadores fue noble, pero supongamos también que, de haber sido así, no estarían orgullosos del feudo en que se ha convertido la Caja.
En los años setenta y luego de varias reformas a su Ley Constitutiva, la Caja comenzó a politizarse. Se le dio chance al gobierno de turno de colocar a una persona con un currículum y una experiencia acordes con lo requerido, pero, desde luego, también de confianza, obediente y dispuesta a respaldar su juego político.
No quiero ser mezquino, ya que reconozco el aporte de figuras como Guido Miranda, Álvaro Salas o don Rodolfo Piza Rocafort, con quien tengo una cordial amistad. No obstante, debemos reconocer que las mañas político-partidarias, la corrupción y esa fatal arrogancia del burócrata de la que nos alertaba Friedrich Hayek hicieron mella y pesaron más que la estrategia y las buenas ideas de profesionales comprometidos, llevándonos al escenario actual.
Quizás conozcamos usuarios a los que les fue bien, que toparon con suerte y los atendió una enfermera destacada (como una que conozco y aprecio mucho), un médico con vocación que fue más allá y recomendó más exámenes para profundizar el análisis, o alguien que, por misteriosas circunstancias, no hizo fila y lo atendió un especialista en tiempo récord… Ha de haber casos en los que muchos asegurados están vivos por la buena labor del personal, pero, parafraseando a don Andrés Pozuelo cuando lo entrevisté para el documental que estrené en 2025, le metemos tanta plata a ese sistema que, por supuesto, tiene que haber casos de éxito… Lastimosamente, enfrentamos una realidad muy distinta.
Hemos aprendido a convivir con las listas de espera. Son parte de nosotros y de la promesa de servicio de nuestro proveedor de salud pública. Entre 2023 y 2025 murieron casi 6.000 personas que estaban a la espera de ser atendidas. Una persona cada tres horas. Eso es indignante.
Normalizamos los salacuartazos para resolver por la fuerza lo que debería ser un trámite sencillo de solicitud y atención, pero internamente nos acostumbramos al parche y no a solucionar el problema de raíz. Prueba de ello son los 16.000 expedientes que resolvió la Sala Constitucional en 2025, confirmando que esto no es una excepción sino una norma sádica y cruel que hace mucho daño al ciudadano.
Las huelgas de funcionarios y especialistas han provocado la cancelación de citas, cirugías y diversos procedimientos, como sucedió en 2018, 2019 y 2024, episodios en los que quedó claro quién tiene la sartén por el mango. Se negocian mejores salarios, condiciones laborales y protecciones específicas para quienes forman parte de la institución, con el burdo argumento de que se hace pensando en el usuario, cuando el usuario sigue en las listas de espera o está aprendiendo de leyes en algún tribunal.
Yo quisiera contarle otra historia. Quisiera que el texto fuera el guion de una película de ciencia ficción en la que, en un futuro distópico, un malvado villano maltrata a sus clientes y los obliga a financiar y consumir el servicio que solo él brinda. Quisiera que fuera una mentira.
En la carrera de Economía se estudian los conceptos de oferta y demanda. La oferta es representada por un proveedor que está dispuesto a brindar un servicio, y la demanda es representada por quien requiere o desea comprarlo.
Vamos a suponer que la Caja no vende, no factura y no recibe ingresos por lo que hace, es decir, que se financia en su totalidad con el presupuesto que el Gobierno Central le transfiere a través de Hacienda, según las obligaciones del Estado, que, a su vez, recauda ese dinero de los impuestos que nos cobra a todos, de forma arbitraria y sin preguntarnos si estamos de acuerdo con ello o no.
Si yo, como usuario, requiero el servicio de un proveedor, necesito dos cosas: recursos económicos para pagar el servicio, y que el proveedor cumpla su parte, o sea, que me atienda como dijo que lo haría, de forma rápida, con esperas razonables, con altos niveles de calidad, etc. Si necesito, por ejemplo, una cirugía a corazón abierto no puedo pretender que me atiendan a los cinco minutos de haber llegado al centro médico, pues como parte de las esperas razonables debo cumplir procedimientos mínimos para garantizar la calidad que prometió mi proveedor.
Dado que el gobierno tiene los recursos que ya recaudó en forma de impuestos, ¿por qué necesita el usuario un intermediario del tamaño de la CCSS para que alguien lo atienda? Es decir, el dinero ya está, el profesional en salud y el centro médico también…
¿No? ¿O es que los profesionales en salud solo trabajan en la Caja? ¿O solo existen los hospitales públicos y los privados desaparecieron al imaginarnos este escenario?
Es sencillo:
En el diagrama anterior no se requiere del intermediario. El mismo sistema de libre elección, basado en el funcionamiento del libre mercado, le permite al pagador de impuestos elegir dónde quiere atenderse por los factores que él decida como determinantes, en el momento en que lo requiera y con la calidad que él mismo desee. Sin esperas ni malos tratos. Podemos estar seguros de que los proveedores competirán entre si para que el usuario los seleccione e intentarán atraerlo para aumentar sus ingresos y garantizar la continuidad de su negocio. Usted escoge quién y dónde lo atiende, y el gobierno lo paga.
Los modelos de tercerización de servicios públicos no son algo nuevo. De hecho, son muy comunes en países como Canadá o Inglaterra. Para sorprendernos un poco más, en nuestro país ya existe esta modalidad, pues la CCSS subcontrata cooperativas y organizaciones privadas para administrar áreas de salud y EBAIS, arrojando resultados muy positivos en comparación con la estructura convencional que tanto nos duele.
Como diría un amigo argentino, la idea es subsidiar la demanda y no la oferta. No tiene sentido tener 50.000 empleados y no servir a los clientes de forma efectiva.
Si llegó hasta acá y todavía tiene inquietudes, permítame aclarar tres cosas más:
Primero, estoy convencido de que podríamos tener un mejor sistema de salud, destinando el dinero al usuario y no a la burocracia. Segundo, nunca propuse cerrar la institución; propuse poner al usuario en el centro. Y tercero, cuanta más libertad tengamos para elegir, mejores resultados tendremos en Salud y en cualquier área.
No podemos —ni debemos— confundir el objetivo de tener un buen sistema de salud con la defensa de un dinosaurio estatal. Las instituciones son medios para un fin, no fines en sí mismas.
Debemos marcar el paso para que los gobernantes hagan su trabajo dejando de lado la politiquería y pensando en nuestra dignidad. Las decisiones verdaderamente importantes, aquellas que marcarán nuestro destino durante los próximos años, deben colocar al individuo en el centro, no a los grupos colectivistas que, al fin y al cabo, buscan su propio beneficio y representan una minoría en esta discusión.
Costa Rica no necesita a la Caja, necesita un sistema de salud que responda en tiempo y forma, que la libertad sustituya al conformismo y que la salud vuelva a pertenecer a los costarricenses.
