El Banco Central debe implementar con urgencia el redescuento de documentos para inyectar la liquidez necesaria a fin de refinanciar la deuda de las empresas y hogares afectados por el COVID-19, a tasas de interés cercanas a cero y así preservar la capacidad de reactivación una vez pasada la crisis.
Una línea de redescuento de hasta por ¢1,5 billones no crearían inflación más allá del 5%, en el peor de los casos, pero los beneficios serian cuantiosos en términos de producción y empleo.
Estamos enfrentando una de las peores crisis del último siglo consecuencia de COVID-19, pandemia que está cobrando miles de vidas humanas y está ocasionando estragos de magnitudes insospechadas en las condiciones de vida de los ciudadanos de todas las naciones. La cantidad de empleos perdidos y la caída en las remuneraciones de trabajadores que se desempeñan apenas parcialmente, consecuencia del frenazo repentino de las actividades productivas, han destrozado los encadenamientos productivos nacionales e internacionales y tiene a punto de la quiebra a gran parte del sector empresarial y del sector familias.
Cada uno de los países está realizando esfuerzos en un marco de acción extraordinario, pues las dimensiones de la crisis y las características de esta requieren de medidas que escapan a las prácticas conocidas hasta ahora por las ciencias económicas y por las previstas por la técnica macro financiera con la que nos hemos regido en tiempos de crisis regionales, nacionales o de sectores. Es necesario que las soluciones a implementar deben ser creadas, de manera innovadora y con características extraordinarias, así como lo son las circunstancias.
Dos meses antes de marzo del 2020, nadie podía prever está crisis ni la magnitud real, ni la afectación que tendría para nuestro país, por lo que las pérdidas en la capacidad de pagos de las empresas y los hogares no obedecen a errores humanos, impericia administrativa, malas proyecciones financieras, sino enteramente a un hecho fortuito lejos de cualquier prospección.
Por otra parte, a julio del 2020, tampoco podemos prever cuando se levantarán las medidas sanitarias y se permitirá la reapertura de los negocios, lo cual de todos modos no se proyecta cercano dado que apenas, en el mejor de los casos, se vislumbra la liberación de vacunas para el mes de diciembre. Además, es muy seguro que el temor al contagio o a la reinfección posterior haga que los esfuerzos de reactivación de nuestro país resientan los efectos adversos quizás hasta por dos años más.
Sin ingresos estables desde marzo del 2020 y con proyecciones de continuar así por un tiempo prolongado, las empresas y los hogares requieren medidas especiales con la participación decidida de tres actores: el Estado, los banqueros comerciales y los empresarios para que los sectores productivos puedan mantener sus capacidades y sostenerse hasta que la actividad economía reinicie y consolide el proceso de reactivación.
Los bancos comerciales deben comprender que la quiebra generalizada de las empresas es nociva en gran manera para sus intereses; tomar posesión de los activos que respaldan sus operaciones significa grandes erogaciones en cuido y mantenimiento y una pérdida absoluta de valor que para nada retribuirá el monto adeudado. Además, que no es tiempo de realizar ganancias sino de solidaridad y consolidación.
El Estado debe entender que a pesar de la calamidad mundial se debe preservar la capacidad potencial de los sectores productivos para que puedan reactivarse una vez pasada la pandemia y que entonces vuelvan a generar ingresos, empleo, divisas, impuestos y, en suma, encadenamientos productivos para volver a echar a andar una sociedad próspera. La quiebra de las empresas (también de los hogares), empobrece a los dueños y más a la sociedad aún más.
Por eso, urge que el Banco Central active los mecanismos de redescuento de documentos de deuda en favor de los bancos comerciales para que estos puedan refinanciar a las empresas y los hogares afectados a mediano plazo, a tasas de interés cercanas a la tasa de inflación y, además, les proporcionen las líneas de crédito necesarias para el sostenimiento de la infraestructura en tiempos de pandemia.
Este redescuento de documentos podría ascender a una suma ¢1,5 billones y es tan solo de 4,2% del PIB, muy inferior a los incrementos que autorizados en países como Estados Unidos, la Zona de Euro, Japón, Australia o Corea del Sur, que han puesto en acción planes de estímulo del orden del 20% del PIB, para salvar su empresariedad y bajar las tasas de interés de las deudas de manera que no crezcan exponencialmente.
Además, no habría que preocuparse por la inflación, pues la presión en la demanda agregada consecuencia de las medidas de estímulo monetario, pueden ser suplidas con mayor producción, ya que la capacidad empresarial ociosa lo permite, con holgura, y las reservas monetarias también. Sin que de ninguna manera el incremento de precios supere en el año siguiente el 5%, en el peor de los casos, pero con beneficios enormes en términos de reactivación y sostenibilidad de la capacidad productiva.
El mecanismo de la inyección de los recursos son las operaciones de redescuento del Banco Central, que son una práctica común de bancos centrales: En Costa Rica se utilizaron en el pasado, para estimular los créditos hacia ciertas actividades productivas, con buen suceso, y están contempladas en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. No obstante, requiere de pequeñas modificaciones legales a fin de ampliar los plazos que la ley permite, que actualmente es de un mes, además de ampliar la gama de entidades que tengan acceso a este instrumento, hoy restringido a los Bancos Comerciales, y dar las opciones de tasas más bajas que las definidas en la ley.
Se trataría de mecanismo de “Redescuento de Socorro”, sin afectar lo que establece la Ley Orgánica actual del BCCR, para lo cual, se agregaría un capítulo transitorio, con características especiales, y únicamente para enfrentar las consecuencias de la pandemia, por lo que la ley sería de aplicación temporal, por tres años.
Con ese fin he presentado junto con otros legisladores un proyecto de ley para la acción rápida, ya que la inacción es la peor decisión posible.
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