En los últimas décadas, muchas mujeres hemos podido percibir, un aumento en las denuncias dentro de éstos centros de enseñanza superior en todo el País, en relación al acoso sexual de que son objeto, decenas de estudiantes año tras año, las cuales se encuentran más que cansadas de evidenciar una problemática que no tiene fin, debido a que las máximas autoridades de éstas instancias de educación, se han vuelto no solo permisivas, sino también alcahuetas, en el sentido de no asumir a cabalidad que existe acoso sexual, al igual que otros tipos de violencia de género, más allá de lo que se podría catalogar de malas relaciones entre profesor y estudiante.
El tema es complejo y requiere un tratamiento profundo y multidisciplinario, en cuanto a su abordaje y actual legislación, porque ante todo, no podemos revictimizar y menos, desde éstos espacios comunicacionales a estudiantes que con toda valentía, exponen sus casos como un grito de auxilio, frente a éste flagelo nacional que debería darnos a todos vergüenza, principalmente porque se está incubando como un germen que crece en demasía, dentro de las mal llamadas Academias que en la actualidad, pueden ser cualquier cosa menos centros de formación profesional.
Entonces está en nosotras mismas, la responsabilidad dentro o fuera de las mencionadas instituciones de alzar la voz, evidenciando el problema y poniendo el dedo en la llaga, caiga quien caiga, ya que las amenazas veladas o directas, no pueden doblegarnos como colectivo social y menos, si unimos nuestras voces en el sentido de que se nos respete y no se nos trate, como las culpables de un problema que no va a acabar, pero que por ello mismo, no vamos a naturalizar para que se nos denigre cada vez más.
Así, que si son profesores, catedráticos o lo que sea, eso no les da el derecho de acosar sexualmente a ninguna estudiante, mientras ejercen sus clases y frente a las cuales, es mejor que se concentren en exponer la materia como profesionales de la educación en lugar de otras cosas, que lo único que evidencian es que necesitan tratamiento pero no necesariamente psicológico, sino más bien policial.
Porque cuando las estudiantes comprendan que el poder de un agresor o depredador sexual, principalmente en éstos ámbitos académicos, radica en el silencio de sus víctimas, perderán el miedo a visibilizar a éste tipo de sujetos y actuaciones indebidas en cualquier momento y lugar, los cuales en realidad, deberían estar fuera del ejercicio de la enseñanza, ya que prostituyen un ideal de educación que le ha costado mucho, construir a otros.
No todos los hombres son sinónimo de acosadores sexuales, son solo aquellos que presentan desviaciones en cuanto a reconocer y aceptar con respeto, el rol que le compete a cada mujer y que sería en todo caso el de ser ellas mismas, pero libres de prácticas anti éticas e inmorales.
Por ello, no debemos ser cómplices por acción u omisión de éstos transgresores de la ley, que tienen sus días contados ya que, no se podrán amparar por siempre en su libertad de cátedra y menos en la autonomía universitaria, para acosar a cuantas estudiantes tengan al frente, olvidando que su salario lo pagamos todos los costarricenses y por tanto, podemos exigirles rendición de cuentas al respecto; ya que sus remuneraciones no incluyen violentar sexualmente a sus estudiantes en el libre ejercicio de la docencia, como profesores y académicos.
Los espacios universitarios no deben posibilitar la naturalización de la violencia hacia las estudiantes y menos, a costillas del Estado, así que señor Ministro de Educación, tenga mucho cuidado con el presupuesto que se le está asignando a las universidades públicas, porque ahí dentro, existe mucha tela que cortar todavía; la cual no ha sido expuesta a cabalidad en cuanto al acoso sexual y de otros tipos de violencia machista, contra las mujeres aquí en Costa Rica.
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