Costa Rica, siempre se ha promocionado hacia el exterior, como un paraíso exuberante por su naturaleza y biodiversidad; aunque hoy eso es cosa del pasado, debido a que esta República, se ha transformado en las últimas décadas, en el sitio predilecto, para que un número considerable de catedráticos, pertenecientes a las cuatro universidades estatales, delincan a sus anchas, acosando y abusando de las estudiantes y profesoras que ahí laboran.
Porque dentro de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico y la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, se suscitan una serie de actos contrarios a la moral y a los Derechos Humanos desde hace años; mismos que han sido denunciados por las propias estudiantes a nivel nacional y también, por profesoras que como docentes, se han visto en la necesidad de defender su integridad personal y la de sus familias, cuando se han atrevido a denunciar a estos depredadores sexuales de traje y corbata.
Así estas “casas de estudios superiores” en la actualidad, se encuentran carentes de toda ética y moral dentro de su función pública y sobre todo, desde sus planes de estudio que muestran el evidente y doble discurso a lo interno de estas instituciones, amparado en una serie de “campañas publicitarias”; las cuales no surten ningún efecto, más que en el bolsillo del Estado y de los contribuyentes, ya que la naturalización de la violencia y acoso sexual contra las féminas, es cosa de todos los días y de quienes campean a la libre en esos organismos.
Hace más de dos meses, un grupo de estudiantes de las cuatro universidades públicas de este país, se declararon ante la prensa en estado de emergencia, por la naturalización del acoso y violencia sexual, ejercida hacia la comunidad de universitarias, denunciando a su vez una serie de negligencias en torno a las acusaciones que interponían, mismas que no llegaban a buen término en las llamadas “Comisiones contra el hostigamiento sexual”, para así, establecer espacios reales y libres de violencia en estos centros de enseñanza superior.
En la actualidad, tanto la Universidad de Costa Rica, como la Universidad Técnica Nacional y el Instituto Tecnológico, se han negado a entregar las listas a la prensa que contienen los procesos administrativos, por hostigamiento sexual con los nombres de los acosadores que han sido “juzgados” en los últimos años y que todavía, se encuentran laborando para esas instituciones, argumentando que no las darán a menos de que sea por orden explicita de un juez o la Sala Constitucional.
Cabe recordar que en Costa Rica, las sanciones administrativas impuestas a funcionarios estatales son de interés público, debido a que se trata de agentes y recursos del Estado, como lo expresó en las últimas semanas, el ex Magistrado de la Sala Constitucional, señor Ernesto Jinesta ante los medios de comunicación.
Por otra parte, la Defensoría de los Habitantes, argumentó también que esos documentos satisfacen la necesidad de información del público, mientras que la directora del Área de la Mujer, dentro de la misma Defensoría, la abogada Alejandra Mora, expuso que esos escritos, consignan las conductas desplegadas con violencia que es lo que la entidad considera de interés público, mientras se tutela la identidad y la intimidad de las víctimas.
Por ello, cuando la Universidad de Costa Rica, expone mediante su Rector Henning Jensen y en nombre de las Vicerrectoras de Docencia Marlen León Guzmán y de Vida Estudiantil Ruth De la Asunción Romero, la renuencia de la misma institución a entregar, los expedientes con los nombres de los acosadores sexuales, algo a todas luces no está siguiendo el debido proceso.
Además, hay que recordarle a la Vicerrectora de Docencia que en el pasado, expresó que daría las listas a la prensa y ahora el Rector se desdice en su nombre, debido a una recomendación hecha por la propia “Comisión Contra el Hostigamiento Sexual” y por increíble que parezca del Instituto Nacional de la Mujer, (INAMU), dirigido por la Ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, ex profesora de Sociología de este centro de estudios superiores.
Porque para finalizar, le queda claro a todo el país que la integridad de las víctimas de acoso sexual, sean estudiantes o profesoras, se encuentra por debajo de la “autonomía universitaria”, misma que se ha convertido en un protectorado, pero de los perpetradores sexuales que ahí laboran, con sus salarios de lujo y pluses desmedidos, dentro de estas “repúblicas independientes sin límite de suma”, llamadas universidades y donde los acosadores, lo pueden ser en las otras tres instituciones, donde es posible que también “trabajen”.
Por ello, se debe ir hasta el fondo del problema, sin acallar al Semanario Universidad y a la libertad de prensa que podría ser silenciada desde la propia “academia”, por una mafia organizada de letrados que se han transformado en acosadores de cuello blanco…
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