La relación contemporánea de América Latina con China comenzó como una oportunidad comercial, siguió como un desafío geopolítico y se ha convertido en un problema moral.
China se consolidó en la última década como el principal socio comercial de diversos países en la región. La ecuación inicial, acontecida principalmente en la última década del siglo XX y en la primera década del siglo XXI, era simple: un país de más de mil millones de habitantes mostraba tasas de 10% de crecimiento anual del PIB, se convertía en el mayor demandante de commodities de la historia y la región con las mayores ventajas comparativas para la producción de energía y alimentos se asociaba, consecuentemente, como el principal ofertante. A su turno, el notable poder alcanzado por la nomenklatura comunista suponía una creciente amenaza para las minorías dentro de China (y, por cierto, para Hong Kong y Taiwán) pero eso no importaba mucho aquí porque esa amenaza era demasiado lejana y los beneficios económicos demasiado cercanos.
El problema es que la pandemia cambió radicalmente esa ecuación. Ahora el daño generado a la economía global por la irresponsabilidad del régimen chino en Wuhan no tiene, literalmente, antecedentes en la historia y, por otro lado, el impacto negativo sobre las libertades individuales es cada vez más cercano. Así, ha aparecido otro gran problema adicional: muchos en América latina parecen no haber tomado nota de este cambio radical que en pocos años, y más particularmente desde enero de 2020, acontece en la geopolítica global. Más aún, la relación estratégica que la región había establecido como principal productor de energía y alimentos ahora se ha profundizado. Como lo acaba de señalar el Financial Times en “Exporting Chinese Surveillance: the Security Risks of `Smart Cities`”, la geopolítica china en la región ha sumado a la energía y a los alimentos la cuestión tecnológica. Es evidente que si era creciente el perjuicio a las libertades individuales que generaba tener semejante relación comercial, la consolidación de China como socio “tecnológico” estratégico, particularmente desde 2018 en adelante, supone un cambio cualitativo intolerable para la futura salud de las democracias liberales.
Aquí es importante remarcar un punto: es cierto que el desafío que expresa la “tentación” de la ayuda del régimen chino es mayor en una democracia de baja calidad como, por ejemplo, la salvadoreña que en una democracia de alta calidad como la uruguaya pero también es cierto que hay un desafío latente y creciente que, por ejemplo, una democracia de alta calidad como la uruguaya debe enfrentar ahora para que en el futuro ese costo moderado no se transforme en un problema delicado.
La pregunta se repite: ¿cómo los dirigentes políticos de los distintos países de la región no perciben la gravedad de un entramado que liga la opacidad en el propio surgimiento de la pandemia con el aprovechamiento tecnológico y sanitario posterior? Es evidente que la región tiene un problema de acción colectiva, es decir, enfrenta demasiados costos para que países de diverso tamaño y calidad institucional puedan generar un acuerdo para enfrentar en conjunto la clásica táctica de negociación individual y atomizada que intenta, evidentemente con mucho éxito, el régimen chino. Es posible que la respuesta a este problema de acción colectiva no sea regional sino hemisférica. Hay un lugar y una oportunidad para el reencuentro de las democracias liberales desde Alaska hasta la Patagonia. Este desafío de época es una oportunidad para que los países de América Latina celebren la dimensión hemisférica y occidental del valor universal que significa la defensa de las libertades civiles y los derechos humanos.
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