Todos los estados reconocen que para alcanzar los ODS es necesario buscar caminos que favorezcan que todas las personas disfruten de un nivel de vida básico, para lograr la seguridad alimentaria como prioridad y erradicar el hambre y toda forma de malnutrición. Así, se puede afirmar que es ampliamente reconocida la necesidad de alianzas globales para asegurar la implementación de tales caminos por medio de un espíritu de cooperación y solidaridad.
En este sentido, los programas de alimentación escolar son parte de la agenda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como pilar del bienestar nutricional y de salud. Además, son reconocidos como una estrategia de intersectorialidad para políticas sociales y de alcance de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como las metas del ODS 2, de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición.
En apoyo al enfrentamiento de estos desafíos, la FAO y el Gobierno de Brasil han estimulado a los países de la región a fortalecer sus programas de alimentación escolar como una herramienta para alcanzar la meta de hambre cero y disminución de la malnutrición. Los países han buscado construir una nueva visión de programas de alimentación escolar, tomando el tema como política social, bajo el principio del derecho humano a la alimentación adecuada. Al asegurar una alimentación adecuada, saludable, continua, universal y sostenible en las escuelas públicas, los Programas de Alimentación Escolar (PAE) Sostenible generan impactos sociales positivos en cuanto a la universalización de la educación pública obligatoria; la calidad de la educación; el rendimiento escolar; el estado de salud y de nutrición de los niños y niñas.
También, fortalecen los hábitos alimentarios saludables de las familias y la comunidad; favorecen el incremento de la seguridad y la soberanía alimentaria de la población; el desarrollo de la agricultura familiar y de la economía local; incluyendo el aumento de los ingresos, entre otros.
En esta nueva visión, en la que han apostado muchos países de la región, los programas son fortalecidos especialmente buscando su permanencia como política del Estado, a partir del financiamiento y cobertura asegurados por medio de marcos legales, que garanticen la oferta de alimentación a todos los estudiantes durante todos los días lectivos, en todos los niveles de educación obligatoria. Además, se ha estimulado operaciones de compras locales para la alimentación escolar de manera descentralizada. Para esto, se ha fortalecido la asistencia técnica, capacitación y organización de los agricultores para una mejor comercialización de sus productos, y para desarrollar una agricultura y pesca sostenible, apoyando a los agricultores de pequeña escala, la Agricultura Familiar (AF), incluyendo los pescadores artesanales, particularmente en países menos desarrollados y con especial atención a las mujeres.
Otro cambio importante en esta nueva visión es la mejora de la infraestructura de las escuelas, en especial cocinas, comedores y bodegas para que los estudiantes puedan recibir una alimentación de manera apropiada, que se preparan tomando en cuenta los cuidados de higiene, manipulación e inocuidad de los alimentos adecuados.
Pensando en una perspectiva futura, se estimula también que los programas cuenten con la institucionalidad de acciones educativas en los temas alimentación y nutrición, a partir de la adopción de menús adecuados y saludables y de la implementación de huertos escolares como herramienta pedagógica, que visan garantizar la dinamización del currículo y un mayor aprendizaje en clases, además de involucrar a docentes, directores, padres y madres en la construcción de conocimientos y en el cambio de malos hábitos alimentarios.
Todos los avances previstos en esta nueva visión de alimentación escolar son pensados a partir de la estratégica articulación de varios sectores del gobierno, así como con otros segmentos de la sociedad, como sociedad civil, universidades y parlamentos.
La Cooperación Sur-Sur en la Alimentación Escolar
Tomando como referencia los principios y directrices del Programa de Alimentación Escolar de Brasil, ejecutado hace más de 60 años, que ofrece alimentación escolar de manera sistemática y universal a casi 42 millones de estudiantes, una o más veces al día, en 200 días lectivos anuales, con la efectiva participación de los países de ALC se ha construido, de forma conjunta, este nuevo paradigma, en el ámbito de la Cooperación Sur-Sur, evidenciando la voluntad política de los gobiernos para el fortalecimiento de los PAE en los países de la región. Esta cooperación se lleva a cabo por medio del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, que ejecuta desde el 2009 el proyecto “Fortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar en el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025”.
Es posible pensar que estos cambios inciden positivamente en las políticas sociales nacionales, una vez que la oferta de alimentos saludables en las escuelas a casi 370 millones de estudiantes a nivel mundial, influencia de manera asertiva los indicadores de rendimiento de la educación, disminuyendo los malos indicadores de salud y de malnutrición, y empoderando a las comunidades de agricultores familiares que pueden tener mayores ingresos y mejor calidad de vida, impactando en el desarrollo cognitivo y social de las poblaciones estudiantiles de los diferentes países.
Finalmente, vale destacar que la erradicación del hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe para el año 2030 es una meta posible. Los últimos indicadores han demostrado niveles de avance en la Región, pero para esto es fundamentalmente necesario contar con un nivel creciente de sólido compromiso político de los países, con mecanismos de gobernanza que fortalezcan el derecho a la alimentación adecuada y el escalonamiento de las políticas sociales, sobre todo con la participación de todos los segmentos sociales en la discusión e implementación de las políticas públicas con foco en el desarrollo sostenible de todas las comunidades, independiente de condiciones económicas, clases sociales, género y ubicación geográfica.
