¿En qué consiste el cambio de proyectos para reformar la Ley # 7771 o Ley General sobre VIH/sida?
Desde hace siete años las organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado para actualizar el texto de la Ley General sobre el VIH/sida. Este texto se ha consensuado con el Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ministerio de Educación, INAMU, PANI, Ministerio de Justicia, IAFA y demás entes del Estado que trabajan para detectar y detener la epidemia. Se alcanzó un acuerdo a diciembre del 2017 en la Comisión de Derechos Humanos sobre un articulado, bajo el Expediente # 19.243 que contaba con el acuerdo de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa del pasado cuatrienio. Pero fue imposible lograr que se votara a pesar de existir un acuerdo político con Casa Presidencial para que, durante esas sesiones extraordinarias, el 10 de diciembre, se retiraran todos los demás proyectos convocados y solamente quedara el 19.243 como único punto de agenda y se procediera a la votación. Llegada la fecha, Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa recomendó una nueva consulta del texto final, a los entes especializados y partes interesadas. Ahí vimos desvanecerse la aprobación durante el período 2010-2014.
A partir de la nueva legislatura 2014-2018, el proyecto se retomó por la diputada Patricia Villegas Álvarez y se puso a despacho el 22 de mayo. La Presidencia de la Asamblea Legislativa la remitió a la Comisión de Derechos Humanos. De mayo a octubre el Expediente se hizo de conocimiento de las nuevas diputadas y diputados para su ratificación o modificaciones. Pero el 11 de octubre la presidenta Carolina Hidalgo Herrera emitió resolución que se leyó en la sesión número 77 del Plenario Legislativo mediante la aplicación del artículo 119 del Reglamento de la Asamblea se establece que, pasados cuatro años calendario a partir de su iniciación, se tendrán como no presentados y sin más trámite se ordena su archivo. La resolución de la Presidencia se ampara en el criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional que interpreta que los cuatro años son perentorios y por ende constituyen un vicio esencial para el conocimiento de la iniciativa.
A partir de ese momento, los diputados Patricia Villegas Álvarez, Enrique Sánchez Carballo y otros redactan un nuevo proyecto y lo presentan a la corriente legislativa bajo el Expediente # 21.036. Este texto es prácticamente el mismo y ahora se conocerán, en la Comisión de Derechos Humanos, las mociones de modificación que propongan los demás diputados.
Propuestas de modificación al texto del nuevo Expediente # 21.036
Hay un cuadro de modificaciones presentadas por el Partido Restauración Nacional que proponen para esclarecer el texto de algunos artículos.
Algunas de las modificaciones del texto
En el artículo 2, que trata de definiciones, en el inciso g), cuando se habla de enfoque de diversidad se mantiene la diversidad étnica-racial, la discapacidad, la edad, el sexo y la orientación sexual. Se elimina la identidad de género. Se elimina el inciso s), que se refiere a la violencia sexual.
En el artículo 22 se elimina la obligatoriedad del consentimiento obligado para las mujeres embarazadas y sus parejas. En general en el texto se eliminan las referencias a la identidad de género.
¿Las modificaciones al texto ponen en peligro el propósito de la actualización de la legislación costarricense en materia de VIH?
El texto es prácticamente el mismo. En lo sustancial se obtiene el avance que las condiciones lo permiten. Cualquiera de los dos textos constituye una mejora en el tratamiento del VIH en Costa Rica.
¿Cuáles son las mejoras que veremos con la aprobación de la nueva Ley?
En realidad, son muchos los avances. El conocimiento y tratamiento del VIH desde el año 1998 cuando se aprobó la Ley 7771 a la fecha ha sido enorme. Hemos pasado de la histeria desatada por la sociedad de aquellos años hasta aceptar el VIH como una condición de salud. Por ejemplo, el tratamiento médico es similar al que se utiliza para atender la diabetes o la hipertensión. Existen parámetros mundiales para atender la epidemia y llevarla a su total eliminación en el año 2030. Con programas como el que desarrolla ONUSIDA para el año 2020, denominado 90.90.90 que significa: que el 90% de las personas detectadas conozcan su situación; 90% de las personas que conocen su situación reciban tratamiento y, que el 90% de las personas tengan una carga viral indetectable. La sociedad ha avanzado en la protección de las mujeres, en la esfera de sus derechos y de los derechos humanos, de la población en general.
La nueva Ley recoge en su articulado ese avance sustantivo por donde evoluciona la humanidad.
¿En qué consiste el papel de la sociedad civil en este proceso y específicamente I.C.W. Costa Rica?
La sociedad civil se manifiesta a través de organizaciones sociales y su papel es fundamental. Son grupos humanos que expresan su interés por la atención médica, por el justo trato de los pacientes y por la consecución de sus derechos.
I.C.W. Costa Rica vela por los derechos de las mujeres con VIH. Las mujeres son un porcentaje menor en el grupo, pero su situación es la más discriminada. El 90% de las mujeres infectadas, lo han sido por sus parejas estables. A partir de ahí, les sobreviene una situación de violencia de la pareja, familiares o de la sociedad en general. En I.C.W. recibimos a las mujeres en situación de vulnerabilidad y les apoyamos para reestablecer su valía humana y les empoderamos para salir a la sociedad para que den sus luchas de vida en igualdad de condiciones.
¿Cuál es el papel de Mecanismo Coordinador de País (MCP)?
Es un cuerpo intersectorial que se encarga de supervisar que los recursos del programa del Fondo Mundial de Naciones Unidas y otros donantes, sean utilizados en forma adecuada, transparente y cumplan con el objetivo de atender la lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria. También funge como cuerpo asesor del CONASIDA.
Una forma de responder a las necesidades de la población con VIH es la modernización de sus instrumentos legales y por supuesto que su Ley General.
Asesoría en la Comisión de Derechos Humanos
Lo primero es el respeto. Respeto por las determinaciones de la señora diputada Patricia Villegas por los temas que se tratan en la Comisión de Derechos Humanos. Ella permite que como asesoras le presentemos nuestras opiniones y opciones de textos. Los valora y se toma una decisión final que parte de ella.
La diputada es receptiva a nuestra experiencia en los temas que tratamos en las comisiones legislativas. Mantenemos completa comunicación. Concretamente, la Ley General de VIH es un tema puntual que a nosotras nos interesa, pero también, muchos otros temas referidos a la protección de los derechos humanos, derechos de la mujer y poblaciones vulnerables que se dictaminan en la Comisión.
Discusión del Expediente # 21.036 en el Plenario Legislativo
De momento deben aprobarse las modificaciones sugeridas y consensuar un texto final. Eso esperamos sea pronto puesto que todos los partidos han sido pro activos con este tema. Las diferencias parecen estar resueltas. Eso significa que después de pasado el período de plan fiscal, presupuestos extraordinarios y el ordinario del 2019 podremos estar en posibilidad de subir en el orden del día el proyecto que se apruebe en la Comisión de Derechos Humanos.
La autora es activista de derechos humanos desde hace 19 años. Preside I.C.W. Costa Rica (Comunidad Internacional de Mujeres capítulo Costa Rica) y recientemente ha sido elegida como primera presidenta del Mecanismo Coordinador de País (MCP). A partir del 1 de mayo del 2018 funge como asesora legislativa en el despacho de la diputada Patricia Villegas Álvarez. En esta condición asesora en la Comisión de Derechos Humanos donde se tramita el proyecto de Ley 21.036.
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