Por Danilo Cubero Corrales*
El último informe del Estado de la Educación presentado hace pocos días, revela en una de sus conclusiones que el manejo de nombramiento de educadores por parte del Ministerio de Educación se da por “cuestiones políticas”.
Una grave conclusión emitida por un órgano imparcial y profesional que refrenda la denuncia que ha venido presentando desde su fundación el Partido Movimiento Libertario en el sentido que, el gremio de educadores ha sido secuestrado por los partidos gobernantes a fin de crear un botín político nada despreciable, pero de un acto de inmoralidad enorme en cuestión de manejo de la cosa pública y el interés supremo del país.
El citado informe es revelador. Fruto de esa componenda política, la idoneidad de reparto de los educadores capacitados en el país es una quimera, y, dada la interferencia del factor político las zonas rurales se ven afectadas, discriminadas y relegadas en un sistema educativo que debería ofrecer igualdad de oportunidades a todos los estudiantes sin distingo de condición social o ubicación geográfica.
“Se da una distribución, que no es aleatoria, de docentes con mejor formación profesional y experiencia, o en mejores condiciones laborales que tiende a ubicarse en zonas específicas”, denuncia el informe.
La prueba es irrefutable. Los educadores con mejor preparación son nombrados en áreas geográficas cercanas a su lugar de residencia, mientras que los menos capacitados son enviados a zonas rurales, comprometiendo de esta manera la calidad de educación que reciben allí.
De esta forma, la brecha educativa existente en el país, que es indispensable cerrar para lograr reducir la brecha social, se mantiene y perpetúa el estancamiento de las y los jóvenes que viven en zonas alejadas a la Gran Área Metropolitana (GAM).
De acuerdo a lo expresado por el Estudio sobre el Estado de la Educación, “Los profesores con poca experiencia están ubicados particularmente en la zona Atlántica e indígena de Buenos Aires.
Por su parte, los colegios de secundaria con bajo grado profesional conforman cuatro conglomerados compuestos por colegios en Los Chiles, Upala, Sarapiquí, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca y Buenos Aires.”
Esta denuncia debe llamar a la ciudadanía a plantear exigencias a fin de que, un sistema educativo que pagamos todos, se instaure en los principios de la equidad, la justicia social, uniformidad de oportunidades. De otra forma, si ya la educación pública sufre un retraso indigno en comparación al sistema educativo privado, el problema se ahonda creando dos clases de ciudadanos estudiantes dentro de lo público: los que tienen oportunidades gracias a los tráficos de influencia política y aquellos que no pueden tener esa “suerte”.
* Presidente Partido Movimiento Libertario
