En los últimos dos meses del 2023, Turrialba vive con mucha preocupación la ola de atracos y asaltos que afectan el comercio ubicado en el centro de Turrialba y en algunas comunidades aledañas. Adicionalmente se han denunciado una gran cantidad de robos con violencia, asaltos a transeúntes, y tacha y robo de vehículos.
Los hechos recientes, lamentables por su magnitud y por los efectos que se han desatado, han producido una reacción de la población exigiendo de manera vehemente más seguridad.
Cabe destacar que el municipio posee cámaras de vigilancia ubicadas en lugares estratégicos del centro de la ciudad que debería de utilizar de forma simultanea los funcionarios del MSP para vigilar las zonas de alto riesgo a altas horas de la noche, cuando salen hacer fechorías.
Los ciudadanos viven atemorizados entre muros, rejas y alarmas. Regresar sano y salvo a casa es una aventura cotidiana. La tasa de victimización en Costa Rica es una de las más altas del continente americano. La seguridad privada se multiplica ante la indolencia del gobierno.
Para enfrentar los reclamos de la sociedad que por mucho tiempo ha atestiguado y sufrido esa violencia sin acciones efectivas por parte del gobierno (MSP), para exigirle que inyecte más recursos para la contratación de más policías, equipamiento, mejoras a la infraestructura, y mayor capacitación para cumplir con su función primordial de protección al ciudadano.
Esta claro que la seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.
La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento.
Más allá del acto criminal en sí mismo, el fenómeno en crecimiento que ha despertado un sentimiento de incertidumbre e irritación entre los habitantes de estas diferentes localidades es el aumento de casos asociados al delito.
Este inconveniente ha llevado a la población a juzgar la inseguridad pública como el problema principal de gobierno, relegando a lugares secundarios, actos de corrupción en la función pública, malversación de fondos y problemas ambientales etc.
Finalmente, la seguridad ciudadana debe ser política de Estado y debe existir un monitoreo permanente de ella en la agenda pública. Por lo tanto un ministerio sin recursos económicos, materiales, y humanos no puede enfrentar con éxito el fenómeno de la inseguridad ciudadana.
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