Servicios Ambientales y pobreza rural

» Por Mario A. Piedra, Ph.D - Director Ejecutivo de FUNDECOR

El lunes 30 de abril del año en curso el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) somete a conocimiento de instituciones y público en general, la propuesta de decreto para reformar los artículos 38, 39. 40, 47 y 63 y adición del Capítulo Décimo Noveno del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721-MINAE y sus reformas del 17 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 16 del 23 de enero de 1997.

El proceso busca “establecer cambios que permitan mejorar los alcances y los logros pretendidos por la Ley Forestal, otorgando un nuevo enfoque que maximice por un lado los recursos financieros existentes provenientes de fuentes como el impuesto a los hidrocarburos, el canon de aguas y otros, pero además que permita dirigir los recursos que externamente el país está obteniendo en virtud de la estrategia REDD+ Costa Rica, en el orden internacional de la lucha contra el Cambio Climático”.

Después de leerlo la pregunta que me hago es, ¿qué es maximizar en este contexto? ¿Es el bienestar del dueño y guardián del bosque? ¿O es un esfuerzo mal entendido para aumentar la cobertura y estirar más la cobija?

La distinción no es de poca monta, pues Vilma Obando, docente de la UNA, nos ha recordado que Costa Rica cuenta con el 7% de la biodiversidad del mundo. Todo un tesoro natural en que se basa nuestra marca país. El punto es, lo estamos valorando con esta propuesta?

Montos Propuestos

Para el periodo 2024 – articulo 108 – se establece un nuevo enfoque para la modalidad de mantenimiento de la cobertura forestal en la actividad de protección de bosque, en donde los servicios ambientales o ecosistémicos reconocidos serán de forma individual.

Habría un pago básico de 21 mil/ha/año por reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y protección de la biodiversidad; un pago adicional e independiente de 16 mil colones/ha/año por áreas considerados de alta biodiversidad, megadiversos o zonas que por su fragilidad o deterioro merecen ser preservadas; y otro pago adicional por protección del recurso hídrico de la misma magnitud.

Línea de pobreza

Según la encuesta nacional de hogares del 2023, el ingreso promedio mensual por hogar alcanzó ₡1 049 142 colones, mientras que la línea de pobreza y pobreza extrema se fijó en ₡244 496 y ₡131 568, respectivamente. O sea, que un guardián del bosque ocuparía tener en el programa 599.5 Ha por reducción de emisiones y protección de biodiversidad para alcanzar apenas el ingreso promedio. El área se incrementaría a 786.8 Ha si los pagos fueran únicamente para zonas de alta biodiversidad o recurso hídrico separadamente.

Para aumentar la escala, el artículo 115 propuesto establece la participación máxima en 500 ha – de 300 ha anteriormente – para personas físicas o jurídicas, pero ¿cuántos costarricenses tienen 500 ha de bosque? Los datos de FONAFIFO 2016-2020 indican que el 70% de las fincas en el programa de protección de bosque tenían 40 ha o menos, y aquellas fincas de 280-300 ha eran apenas el 2% de los contratos. ¿Porque querríamos expandir el área máxima?

Pero más allá de a discusión de escalas, es razonable concluir que los montos propuestos lo único que van a repartir es pobreza, si más pobreza, irrelevantemente del tamaño de su propiedad.

El camino al futuro

Si queremos proteger y fomentar la sostenibilidad rentable de los activos naturales, que son nuestros bosques, hay que buscar nuevas formas de financiar esa protección, y no es vía más impuestos o más fondos multilaterales de ayuda, o estirando la cobija para que todos quedemos con más frio. Hay que ir al mercado global. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos todo para ganar.

Debemos todos aprender a ver el bosque como un activo que genera múltiples bienes y servicios importantes para la humanidad y que debemos monetizar esos beneficios en términos de intercambio más justos para el bienestar de todos.

Así tal vez un día el bosque pase de ser, algo que eliminábamos en nombre de la agricultura, o que hoy mantenemos – a perdida – por la legislación e incentivos existentes, a un activo que genere una vida digna para los guardianes y sus descendientes.

Estos momentos de cambio deberían ser el espacio en donde abordemos esos retos de desarrollo en la agenda nacional. Nuestra institucionalidad, el sector privado, la sociedad civil y del productor mismo deben hacer ajustes fundamentales en este siglo. No estamos solos, ni es algo nuevo, el café ya nos ha dado pistas de cómo hacerlo desde el siglo anterior.

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