El presidente de la República Rodrigo Chaves declaró la guerra a la corrupción en la función pública y desde entonces los costarricenses queremos saber cual es el estado de la corrupción tanto pública como privada y también cual es la situación de actos de corrupción en estado de investigación.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (IPC) del año 2022 Costa Rica retrocedió una década, con una nota de 54 que se convierte en la segunda peor de la historia y hace que el país caiga en nueve lugares en el ranking (de la 39 a la 48).
Esto supone que la ausencia de sentencias firmes en casos de envergadura para la justicia en Costa Rica, restaron puntos a la credibilidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio, especialmente ante grandes casos de corrupción que hasta el día de hoy carecen de sentencias firmes, tales como Cochinilla, Azteca, Diamante. la Trocha y el Cementazo.
Pese a que la sociedad costarricense identifica la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes hechos de corrupción no han sido sancionados; ni se han devuelto a las arcas del estado los recursos desviados.
En ese contexto el presidente Chaves, sugirió la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, para que no sean blanco de represalias o agresiones y garantizar la protección a quienes investigan la corrupción.
Hay que tomar conciencia de la importancia de crear una cultura de tolerancia cero contra la corrupción, de su complejidad, y de sus raíces sociales. La lucha contra la corrupción dada su entidad y generalización, merece un gran pacto, un compromiso de cero tolerancia.
La sociedad debe ocupar una posición central en la estrategia para combatir la corrupción porque estamos ante un problema sistémico, que se construye sobre la base de situaciones y acciones cotidianas.
La corrupción no es un problema exclusivo del gobierno y el Estado, es una bomba de tiempo que se incuba en diversos espacios públicos y privados, pero que cobra mayor relevancia social cuando afecta lo público.
El origen de la corrupción no es la flaqueza moral de las personas, es la necesidad de resolver problemas prácticos y la oportunidad de sacar ventaja ante la ausencia de un árbitro imparcial y legítimo (la ley) que vigile las transacciones entre personas.
La participación de la ciudadanía para enfrentar a la corrupción es una condición indispensable para obtener resultados positivos y sustentables, y transformar el sistema normativo es prioritario.
Es evidente que la corrupción hace mucho daño: crea desconfianza, incentiva nuevas conductas abusivas, detrae dinero de finalidades sociales, desanima el esfuerzo y rompe el principio de legalidad.
En resumen, la desviación permanente de fondos de lo público a lo privado frena el desarrollo de los pueblos.
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