En nuestro país el ejercicio o práctica de la “responsabilidad política”, de la obligación de rendir cuentas, de la admisión de responsabilidad por parte de los polticos y funcionarios públicos, es un hecho raro, excepcional y escaso.
Siempre que surgen críticas y se señalan dudas por las actuaciones sospechosas o negligentes de algún funcionario público, estos basan su defensa argumentando que en las mismas no se cometieron actos delictivos que puedan ser perseguidos en la vía judicial, soslayando con frescura la responsabilidad política que el desempeño de su cargo conlleva.
Artera y convenientemente ignoran la distinción entre la responsabilidad jurídica, que implica transgresión de disposiciones legales que pueden resultar en condenas de tipo judicial, y la responsabilidad política, que aunque no supone necesariamente una sanción de tipo jurídico si puede acarrear una sanción de tipo político como la censura, la renuncia o la destitución.
La responsabilidad de los representantes políticos, a quienes los ciudadanos le han delegado el poder y otorgado la confianza mediante el voto, incluye también la actividad de vigilancia y control político que valora, entre otros aspectos, la habilidad y prudencia de los gobernantes, su mayor o menor grado de diligencia y acierto en el tratamiento de determinados problemas públicos.
Cuando esa confianza concedida se debilita o se pone en entredicho, lo correcto, lo digno, lo decente, lo que procede es la dimisión o, en su defecto, la destitución; lo que corresponde es asumir la responsabilidad política con la convicción de que esa es la vía para recuperar la confianza perdida o para restaurar una imagen desacreditada.
Ejercer tal responsabilidad es absolutamente necesario ya que su fundamento material radica en la facultad de castigar o sancionar una conducta inapropiada, de imponer penalizaciones de acuerdo con las leyes o de aplicar la remoción del cargo, según sea el caso.
Además, la responsabilidad política y la obligación de rendir cuentas no sólo son inherentes a los representantes públicos elegidos, por ejemplo el presidente de la República, sino que afecta también a los designados, como es el caso de los ministros de Estado y otros altos cargos a los que el primero delega ciertas funciones correspondientes al Poder Ejecutivo que lidera.
Desde esta perspectiva, el caso de la “pifia” en la construcción de la carretera que entroncará con la nueva terminal de contenedores de Moín y el inprocedente beneficio salarial recibido por la viceministra de la Presidencia, ilustran con contundencia la negativa y el rechazo de nuestros políticos y gobernantes a aceptar la responsabilidad política que su condición de representates públicos les exige.
En el primer caso, aparte de las responsabilidades judiciales que se pudieran establecer, se puede afirmar que lo actuado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) constituye un monumento a la incompetencia, a la ineficiencia y a la impericia de los funcionarios involucrados, incluyendo al propio ministro del ramo, que además le causa un daño económico de proporciones gigantescas al erario público.
Pese a las contundentes evidencias de un proceder inadecuado, contrario a la ética y perjudicial para el país, a la crítica de la ciudadanía y a la censura de importantes actores políticos, ni el ministro, ni funcionario alguno está dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde, ni el presidente de la República a ejercer la potestad que tiene de sancionarlos.
En cuanto al caso del pago indebido por concepto de prohibición con el que se benefició la viceministra de la Presidencia sin que esta tuviera los atestados académicos exigidos, así como su reacción y la del ministro de esa cartera, son otro ejemplo de que en nuestro país la responsabilidad política es un tema teórico que en la praxis política no es ejercido, afectando la calidad y credibilidad de nuestra democracia.
Por otra parte y para sorpresa de muchos, estas y otras cuestionables actuaciones del actual gobierno, han contado con el silencio cómplice de los dirigentes y grupos sindicales, quienes en el caso de que las mismas se hubiesen producido en gobiernos de los llamados “partidos tradicionales” estarían liderando huelgas y manifestaciones, al grito de corruptos, en las calles de todo el país.
Pareciera que los acuerdos logrados con el gobierno sobre otros temas que favorecen sus particulares intereses han apagado su otrora criticidad y han condicionado su independencia, abandonando el derecho que tenemos todos los ciudadanos de exigir la responsabilidad política de nuestros representantes, puesto que en el efectivo control del poder radica la calidad de la democracia.
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