Las recientes crisis que han golpeado al fútbol costarricense —desde clubes que perdieron su licencia hasta dirigentes investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico— han abierto un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control dentro de este deporte.
Para el fiscal adjunto Mauricio Boraschi, especialista en crimen organizado y legitimación de capitales, una de las medidas más urgentes pasa por responder una pregunta que, en muchos casos, todavía resulta difícil de contestar: ¿quiénes son realmente los dueños de los clubes de fútbol?
Durante una entrevista exclusiva con ElMundo.CR, el fiscal sostuvo que el país necesita avanzar hacia un modelo de mayor transparencia sobre los llamados beneficiarios finales, es decir, las personas que realmente controlan o se benefician económicamente de una institución, aunque esa propiedad pueda estar escondida detrás de sociedades o estructuras empresariales.
“Desde el punto de vista de medidas urgentes, me parece indispensable establecer un registro público de los beneficiarios finales de los clubes”, dijo el fiscal adjunto a este medio.
Una discusión que cobra fuerza
La propuesta llega en un momento en el que el fútbol costarricense ha enfrentado diversos cuestionamientos relacionados con la procedencia de capitales. Aunque también el actual Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ha tomado mano dura con los equipos que no han cumplido con los reglamentos.
En 2025, la Asociación Deportiva Guanacasteca y el Santos de Guápiles perdieron sus licencias para competir en la Primera División luego de que el Comité de Licencias determinara incumplimientos relacionados con la administración de capitales que, según las resoluciones federativas, no fueron reportados conforme a la reglamentación vigente.
Más recientemente, el expresidente de Municipal Liberia, Wilder Eusse, fue detenido tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos por una investigación relacionada con narcotráfico.
Semanas antes, autoridades estadounidenses también señalaron, dentro de procesos judiciales vinculados con Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, que el club Limón Black Star habría sido utilizado para lavar dinero.
Para Boraschi, estos antecedentes obligan a fortalecer los mecanismos preventivos antes de que intervengan las autoridades judiciales.
Saber quién está detrás del club
El fiscal explica que la transparencia comienza por conocer quién controla realmente cada institución deportiva.
Actualmente, en muchas ocasiones existen estructuras societarias complejas que dificultan identificar al verdadero propietario o beneficiario económico.
Por eso insiste en que ese dato debe estar disponible públicamente.
“Voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, cuando usted observa las grandes ligas de fútbol americano, béisbol o baloncesto, no existe ninguna limitación para que cualquier persona conozca quién es el propietario de cada club”, enfatizó Boraschi.
A su juicio, esa práctica permite conocer con claridad quién aporta el capital y facilita el seguimiento del origen de los recursos.
“Eso contribuye precisamente a tener claridad sobre de dónde provienen los fondos y el capital invertido en ese club”, agregó.
Evitar estructuras opacas
Boraschi advierte que cuando no existe esa transparencia aparecen espacios que pueden ser aprovechados por organizaciones criminales.
En esos casos, explica, las inversiones pueden ocultarse detrás de sociedades o personas que únicamente sirven como fachada.
“Lo que hace obligatorio transparentar al beneficiario final del club es evitar que existan estructuras societarias opacas donde se esconden estos capitales o estos flujos de dinero ilícito”, mencionó.
Desde su perspectiva, conocer únicamente quién representa legalmente a una institución resulta insuficiente.
El verdadero control debe centrarse en identificar quién toma las decisiones y quién obtiene el beneficio económico final.
No basta con conocer al propietario
El fiscal considera que revelar a los beneficiarios finales debe formar parte de un sistema mucho más amplio de controles.
Entre las medidas que plantea se encuentran auditorías externas obligatorias, estados financieros estandarizados para todos los equipos, políticas de conocimiento del inversionista, un conocimiento, claro y real, del origen de los recursos y un seguimiento permanente a las transferencias internacionales, las comisiones de representantes y los movimientos patrimoniales de los clubes.
“Si usted exige eso y exige auditorías externas obligatorias, estandariza estados financieros y cuenta con oficialías de cumplimiento, puede ayudar muchísimo al fútbol”, agregó.
Un reto para todo el sistema
Boraschi sostiene que la responsabilidad no recae únicamente sobre los clubes.
A su criterio, la Federación Costarricense de Fútbol, la Unafut, el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público, el OIJ y las entidades financieras deben fortalecer la coordinación para prevenir la infiltración del crimen organizado.
“La Federación Costarricense de Fútbol y la Unafut tienen una tarea muy importante. Deben seguir impulsando acciones si realmente queremos proteger esta actividad y proteger a todos esos jóvenes que están alrededor del fútbol del crimen organizado”, mencionó Boraschi.
Para el fiscal, el objetivo no es únicamente fortalecer los controles financieros.
La intención es preservar una actividad que considera fundamental para la sociedad costarricense.
“Tenemos una obligación como país de proteger el fútbol.”
Su advertencia parte de una premisa sencilla: mientras más transparente sea la estructura de propiedad de los clubes, menos espacios existirán para que organizaciones criminales utilicen el deporte como vehículo para ocultar capitales de origen ilícito.
