El fútbol costarricense atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente.
En menos de dos años, el deporte más popular del país ha visto cómo dirigentes son vinculados con investigaciones internacionales por narcotráfico, clubes pierden sus licencias por incumplimientos relacionados con la administración de capitales, equipos aparecen mencionados en expedientes judiciales y las autoridades deportivas endurecen sus mecanismos de control.
En ese contexto, ElMundo.CR conversó en exclusiva con el fiscal adjunto Mauricio Boraschi, uno de los mayores especialistas del país en legitimación de capitales y crimen organizado.
Su diagnóstico es contundente: el fútbol reúne prácticamente todas las características que buscan las organizaciones criminales para infiltrar recursos de origen ilícito.
“Donde logra meterse el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, funciona como el rey Midas al revés: todo lo que toca lo destruye”.
La frase resume una preocupación que ya no pertenece únicamente al ámbito deportivo.
Una sucesión de casos que encendió las alarmas
Las declaraciones de Boraschi llegan después de una cadena de acontecimientos que sacuden al fútbol nacional. Desde hace al menos dos años, la Federación Costarricense de Fútbol, en la era de Osael Maroto, se atrevió a poner las cosas en orden en el balompié tico.
Tres equipos (Santos, Guanacasteca y Liberia) perdieron su licencia de competición por anomalías financieras y administrativas.
Jugadores y un federativo fueron sancionados por casos relacionados con amaños de partidos.
Las autoridades estadounidenses señalaron, en procesos judiciales relacionados con Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, que el club Limón Black Star habría sido utilizado para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Semanas atrás también fue detenido Wilder Eusse, entonces presidente de Municipal Liberia, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por una investigación federal relacionada con narcotráfico.
Aunque ese proceso judicial es independiente de los procedimientos deportivos, Municipal Liberia terminó perdiendo posteriormente su licencia para competir en la Primera División.
Un año antes, en 2025, Santos de Guápiles y Asociación Deportiva Guanacasteca también fueron excluidos del fútbol profesional después de que el Comité de Licencias determinara incumplimientos relacionados con la administración de capitales que, según las resoluciones federativas, no fueron reportados conforme a la reglamentación vigente.
Para Boraschi, estos episodios no pueden analizarse de manera aislada.
“El fútbol es un negocio extraordinariamente atractivo”
El fiscal explica que el problema trasciende a Costa Rica.
Según afirma, las organizaciones criminales buscan constantemente actividades económicas capaces de absorber grandes cantidades de dinero y otorgarles apariencia de legalidad.
Y el fútbol reúne prácticamente todas esas condiciones.
“Las economías criminales buscan negocios exitosos y el fútbol no escapa a ello”, dijo Boraschi a este diario.
El especialista enumera varios factores.
Transferencias internacionales de jugadores cuyos valores muchas veces son subjetivos.
Millonarios contratos comerciales.
Patrocinios.
Derechos de televisión.
Intermediarios.
Venta de entradas.
Publicidad.
Flujos permanentes de efectivo.
Todo ello convierte a la industria del fútbol en un escenario especialmente atractivo para quienes intentan legitimar recursos provenientes del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, las apuestas ilegales u otras actividades ilícitas.
“El fútbol moviliza enormes cantidades de dinero y recibe inversión privada cuyo origen, muchas veces, resulta complejo de rastrear”, añadió el fiscal adjunto.
Un riesgo reconocido a nivel internacional
Durante la conversación, Boraschi recuerda que esta preocupación no nace únicamente desde la Fiscalía costarricense.
El funcionario señala que organismos internacionales especializados en prevención del lavado de dinero catalogan desde hace años al fútbol como una actividad particularmente vulnerable.
“La actividad del fútbol está catalogada internacionalmente como una actividad de alto riesgo para la legitimación de capitales”, explicó Boraschi.
A pesar de ello, reconoce que el Ministerio Público no ha sostenido una coordinación directa con la Oficialía de Integridad de la Federación Costarricense de Fútbol.
Aclara que el rol de la Fiscalía aparece cuando los mecanismos preventivos ya fallaron.
“Cuando nos toca actuar es porque los mecanismos de prevención y control ya fallaron. Lo que sigue es la etapa de la represión”, manifestó.
Así penetran las organizaciones criminales
Uno de los apartados más reveladores de la entrevista llega cuando Boraschi explica cuáles son, según la experiencia internacional, las principales estrategias utilizadas por grupos criminales para infiltrarse en el fútbol.
La primera consiste en adquirir clubes mediante sociedades pantalla o testaferros.
Después aparecen las manipulaciones en el mercado de fichajes mediante sobrevaloraciones o subvaloraciones de futbolistas.
También menciona los contratos ficticios de patrocinio utilizados para justificar ingresos.
Y advierte sobre un fenómeno que ya ha generado investigaciones en distintos continentes.
“El amaño de partidos se utiliza por grupos criminales transnacionales vinculados con apuestas ilegales”, detalló Boraschi.
No se trata únicamente de alterar resultados deportivos.
Según explica el fiscal adjunto, detrás de esos esquemas existe toda una estructura económica destinada a producir ganancias ilícitas mediante plataformas de apuestas.
Transparencia como principal defensa
Lejos de limitarse al diagnóstico, Boraschi plantea una serie de medidas que considera urgentes para proteger al fútbol costarricense.
La primera es conocer con absoluta claridad quiénes son los verdaderos propietarios de cada club.
“Es urgente un registro público de los beneficiarios finales de los clubes”, alertó Boraschi.
El fiscal pone como ejemplo las principales ligas deportivas de Estados Unidos, donde la identidad de los propietarios es completamente pública.
Desde su perspectiva, esa transparencia dificulta que estructuras societarias opacas oculten capitales ilícitos detrás de una institución deportiva.
Pero considera que ese paso debe ir acompañado de auditorías externas obligatorias, estados financieros estandarizados, controles sobre representantes deportivos, supervisión del origen de los recursos y una política estricta de conocimiento del inversionista.
“Tenemos la obligación de proteger el fútbol”
Más allá del aspecto económico, Boraschi insiste en que el problema también tiene una dimensión social.
Considera que el fútbol representa una herramienta de prevención frente al crecimiento del crimen organizado entre los jóvenes.
Por eso cree que blindar esta actividad debe convertirse en una prioridad nacional.
“Tenemos una obligación como país de proteger el fútbol. Y lo digo así porque es una actividad que también permite ser “una vacuna” para sacar a jóvenes de caminos que no son correctos. Lo que no se puede permitir es que capitales incorrectos administren equipos”, subrayó Boraschi.
Y agrega:
“El deporte se convierte en una vacuna para que muchos jóvenes no terminen dentro de organizaciones criminales”.
Por esa razón sostiene que la Federación Costarricense de Fútbol, la Unafut, las autoridades financieras, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el OIJ y el Ministerio Público deben fortalecer la cooperación para vigilar los flujos económicos que rodean a la industria.
Su conclusión deja poco espacio para las dudas.
El crimen organizado seguirá buscando espacios para infiltrarse allí donde exista dinero, proyección internacional y capacidad para mover recursos.
El desafío, advierte, consiste en impedir que el fútbol costarricense termine convirtiéndose en una de esas puertas de entrada.
