Se decidió utilizar el término, “remozar”, aunque también pudo haberse empleado palabras como: transformación, ajuste, reestructuración, actualización, u otros que puedan satisfacer a las sensibilidades más delicadas del panorama político, sea a la derecha, a los del centro, o a la izquierda, partiendo eso si de si existen o no, o bien, si aún se comprenden tales diferencias, o hasta combinaciones creativas como: centro derecha, o centro izquierda; y las posiciones más extremas de los lados, ¡qué no se olviden!
No se va a entrar en una definición de cada posición política, se supone que cada simpatizante -debería ser así- conoce los postulados ideológicos que dice seguir o defender, tampoco se plantea el establecer las diferencias entre “conservadores”, y los distintos tipos de liberales más conocidos, es decir, los liberales clásicos, los nuevos liberales o neoliberales, y los liberales nacionalistas, por citar a algunos.
Son muchos los políticos y politólogos que han recurrido a la conocida frase: “Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia”, por ello es posible haberla escuchado desde algún sector del contexto político; sin embargo, no necesariamente cantidad es sinónimo de calidad, e independientemente de si se quiere remozar la democracia de la actual Segunda República, o bien, se pueda pretender la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que haga -en términos simples- otra Constitución Política, sería muy útil valorar, sopesar, considerar algunos aspectos que han debilitado la democracia que hemos tenido, desde la mitad del siglo XX, así como aspectos que podrían mejorarse, y que de forma respetuosa se plantean a continuación:
- Nepotismo y “amiguismos” en los puestos de elección popular y de designación.
En lenguaje popular, el “yo te pongo, tu me pones… y luego hay que darle campo a ellos y a ellas… ¡y luego lo cobramos!”, es una manera de hablar sobre las también conocidas como “puertas giratorias de la política”. Inclusive hay clanes familiares que se turnan puestos, y hay quienes trabajan no necesariamente por el país, sino más bien, por el próximo puesto a disputar, y se cae en el conocido término: “vividores de la política”, o bien, “los que se sirven de la democracia”, cuando lo que deberían hacer es servir al pueblo, y no servirse de él.
Debería contemplarse que ninguna persona por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, podrá optar por puestos de elección popular, al menos hasta que hayan transcurrido 3 años del final del nombramiento de la persona en el ejercicio del puesto de elección con quien se tiene la afinidad o la consanguinidad. Esto debería a incluir a jerarcas por designación como los de la Contraloría General, la Procuraduría General, la Defensoría de los Habitantes y los Magistrados de la Corte suprema de Justicia, por mencionar a algunos. Para el caso de las personas que desean ser Magistrados de la Corte, además de hacer una verdadera carrera en el Poder Judicial, así como los títulos académicos de más alto nivel, deberían estar completamente desligados de los partidos políticos y de cargos de elección y de designación por 10 años al menos, de tal manera que se puedan evitar situaciones vergonzosas de años recientes.
- Los partidos políticos como organizaciones fuertemente vinculadas en la capacitación, formación de ciudadanos para el servicio público.
Este es otro aspecto donde la calidad se ha visto perjudicada por la búsqueda de la cantidad; nuestros partidos políticos han estado más interesados en llenar asientos para que las personas voten como “autómatas a control remoto” que a veces da pena ajena, ciertas participaciones o intervenciones. Llegan en ocasiones a desconocer los postulados ideológicos que sostienen la agrupación política, y si se llega a elementos más puntuales, la desolación por la ausencia de capacitación y formación para el ejercicio de un puesto, de unas funciones, o de una responsabilidad, es más que evidente.
Los diputados deberían conocer al menos: la Constitución Política que han jurado cumplir y hacer cumplir, el Reglamento Legislativo, las Leyes de: General de Administración Pública, Anticorrupción y Enriquecimiento ilícito en la función pública, las de Presupuestos Públicos, como para citar algunas. Y en el caso de alcaldes o regidores, sin duda deben incluirse al menos 2 más: el Código Municipal y la de Contratación Pública, además de oratoria y técnicas parlamentarias o de órganos colegiados. Así las cosas, los partidos políticos deberían usar un porcentaje cada vez mayor de la llamada “deuda política” en establecer procesos o sistemas de capacitación y formación para los simpatizantes de la organización, y no exclusivamente para los militantes, precandidatos, candidatos o asambleístas.
Cuando se busca a un albañil, a un fontanero, a un peluquero, a un electricista, a un dentista, a un profesor para clases particulares, se pretende encontrar el mejor preparado, el que cuente con mejores referencias de trabajos previos, una persona con integridad y honestidad, y que sea capaz de hacer un trabajo de calidad por el dinero que se le paga, y es que los ciudadanos ¿Merecemos menos de los ciudadanos que elegimos en puestos públicos y de servicio?
- Los diputados del Congreso como representantes genuinos del pueblo, y no de organizaciones, grupos de fuerza, o de otro tipo de ambiciones.
El sistema de listas de candidatos a diputados, ha sido la manera en la que los partidos políticos han ejercido el control; en un sentido más estricto, los ciudadanos no necesariamente votan por un candidato a diputado, se vota por una lista confeccionada por los intereses de una agrupación política, eso incluye, los intereses económicos, cuando precisamente el pago de la “deuda política” -que proviene de los impuestos del pueblo- debería garantizar que todo ciudadano que lo desee, pueda inscribirse para ser elegido. En cambio, dependiendo de la organización política de la que se trate, los millones de colones deben hacer su aparición para participar, por lo que el contar con capital monetario, o bien, patrimonio que pueda convertirse fácilmente en efectivo, resulta ser el primer obstáculo para el ejercicio democrático, y por ende, de la auténtica representación popular; y ello sin entrar a valorar financiamientos de candidaturas que pudieran venir de procedencias dudosas.
Sin embargo, aunque se cuente con los millones para pagar la inscripción a una precandidatura, eso no quiere decir, que el nombre del inscrito pueda ser sometido al proceso de elección nacional, menos si la agrupación política realiza sus procesos internos de elección de manera cerrada, y no con la totalidad del padrón nacional electoral. En concreto, las famosas listas de candidatos a diputados de los partidos políticos son la más aberrante distorsión del ejercicio democrático, aún a pesar de ser legal, pues dichas listas son escogidas por minorías. Pero la idea es convertir cantidad en calidad, y esa es sin duda la aspiración que debería tener el pueblo, sin que existan filtros o embudos, que puedan arrogarse la representación del pueblo, o de la soberanía; o la prostitución sediciosa de la democracia representativa.
Un ciudadano costarricense, únicamente armado con su documento de identidad, cumpliendo con los requisitos constitucionales, sin ningún tipo de deuda con el Estado, por si mismo, o mediante la postulación de un grupo de sus conciudadanos, debería poder inscribirse como candidato a Presidente de la República, Diputado al Congreso, Alcalde o Regidor, entre otros, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, en representación de los ciudadanos de un cantón y de una ideología política, o de un partido político. El Tribunal Supremo de Elecciones, debería exigir al ciudadano que desea inscribir su candidatura por el partido político de su preferencia, la aprobación certificada correspondiente, de los módulos de capacitación y formación que debió llevar en la agrupación política, o bien, si va a ser candidato independiente, proponer las alternativas por parte del propio órgano electoral para que tenga acceso libre y gratuito a ese conocimiento ciudadano.
Es de considerar, que la situación actual de los partidos políticos resulta al menos alarmante, y aunque en un principio aparecen muy unidos para el proceso electoral, luego de recibir credenciales y ser juramentados, y cuando deben asumir sus puestos y funciones, vienen los desencuentros, discusiones, altercados y divorcios políticos, o lo que es lo mismo, cuando diputados se declaran independientes, o alcaldes y regidores que renuncian a los partidos políticos que les llevaron al puesto; no es que refleje precisamente una “mística partidista” o de tipo ideológico, más bien refleja el poco o ningún apego a la organización, a sus principios, a su ética y valores, entre otros; y es posible preguntarse, ¿y el compromiso con los electores? Simplemente no existe, porque los ciudadanos votaron por una lista de partido, no necesariamente por la persona que fue elegida.
- La inmunidad de los miembros de los supremos poderes y la posibilidad de impunidad ante la justicia.
Cada cierto tiempo, este tema sale con mayor o menor fuerza en la opinión pública, y no es un asunto nuevo, sin embargo, es un tema que resulta preciso establecer, primero en razón del principio de justicia, luego, por la defensa del estado social y de derecho, donde la democracia es su principal herramienta, y quizás la tercera -no necesariamente es la última- por un tema de principios éticos y de valores, que deben formar parte de las acciones en la función pública y en el servicio a los ciudadanos.
Si la inmunidad está para garantizar el oportuno y correcto ejercicio de las funciones de los miembros de los supremos poderes, dicha garantía debe finalizar cuando la persona deja su puesto, sea porque finaliza el periodo, porque es destituido, por renuncia, o porque el órgano constitucional así le quita tal garantía, según el debido proceso y bajo las reglas de la legalidad vigentes. En otras palabras, tal y como se plantea en la actualidad.
El cambio debería venir en la adquisición de la inmunidad a futuro, ya que tal situación no debería afectar o influir, los diferentes procesos legales que estén enfrentando las personas que puedan ser electas o designadas, es decir, la inmunidad no debería aplicar retroactivamente, ni influir en procesos judiciales que se han venido gestando y consolidando. Lo anterior, no afecta la presunción de inocencia, y tampoco deja en un estado de indefensión a nadie, simplemente evita el uso de una garantía de la democracia que pudiera lograr algún grado de impunidad ante la justicia; tampoco afecta los derechos electorales de elegir o de ser electo, aunque si la persona en el ejercicio de su puesto de elección o de designación fuera condenado, también debe quedar claro que necesariamente debe dejar su cargo.
- La política, el secreto bancario y el crimen organizado.
Quizás durante mucho tiempo, algunos “vivillos”, han hecho creer que el secreto bancario es una conquista de la democracia costarricense, tal vez se equivocaron y lo confunden con la nacionalización bancaria que ya no existe, pero, en fin, aunque sea una confusión y eso beneficia a unos pocos, pues algunos así lo aceptan. Resulta importante saber, que el secreto bancario también actúa en otros países que también son democráticos, pero no de una forma tan cerrada como en nuestro caso. Es decir, en otros países, no es necesaria la orden de un juez para investigar las cuentas o las finanzas de personas físicas o jurídicas.
Si se es un político honesto, que desea servir a los ciudadanos, que ha trabajado de forma transparente, no debería haber ningún problema que un fiscal del Ministerio Público, un fiscal tributario o de la seguridad social -si no existen deberían de existir- investiguen las cuentas bancarias y las finanzas de las personas físicas o jurídicas que participan en política, de quienes financian los partidos políticos, de funcionarios del estado con altos niveles de responsabilidad, aunque sus nombramientos no sean por elección popular o por designación; también de los funcionarios públicos que resuelven licitaciones y de los empresarios que contratan con el estado, en fin, en lo particular, no debería existir problema alguno, ya que no será el jefe en la empresa quien tendrá acceso a la cuenta bancaria del empleado, o el hijo del vecino, o la cuñada del amigo; serán personas que tendrán fines de investigación y que lo hacen porque existe la posibilidad de la ejecución de un delito en contra de la hacienda pública, de la seguridad social, o del sistema electoral, y por ende, de la democracia en nuestro país.
Toda aparente contribución ilegal en las campañas políticas debe ser perseguida, toda financiación fraudulenta, y especialmente que provenga del crimen organizado, debe ser investigada, para defender los principios y valores del estado, para defender la democracia, pues si en este momento, hay supuestas deudas políticas que se han pagado muy caro, sería incontable la deuda que los ciudadanos y la nación tendrían que pagar a las organizaciones criminales que desean influir y comprar conciencias de Ministros, Viceministros, Magistrados, diputados, o inclusive, a la más alta magistratura de nuestro sistema republicano, la Presidencia de la República.
Como se podrá inferir, el asunto es más complejo que la transformación o el ajuste de nuestro modelo de república actual, y quizás resulte más ambicioso que el plantear una “Tercera República”; tiene que ver con la decisión de defender los principios y valores que sostienen la democracia, que aún con sus imperfecciones, ha llegado a nosotros hasta hoy, y que demanda un sacrificio de los participantes en política partidaria y de los ciudadanos, pues habrá crítica descarnada, incomprensión garantizada, se despertarán las fuerzas contrarias al cambio del estado de las cosas actuales, ataques en la prensa, en las redes sociales, en la calle y en la casa de quienes se atrevan a defender la justicia, pero hoy, la democracia costarricense es la que ruega, suplica, le brinden la oportunidad de mostrar que aún es muy útil, que aún es muy necesaria.
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El autor es Licenciado en Banca y Finanzas, egresado de un posgrado en dirección Estratégica y persona con discapacidad visual.
