La Presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social soltó una “bomba” al anunciar la intención de aumentar en un punto porcentual las cuotas de los trabajadores al IVM.
La noticia cayó como “un balde de agua fría” porque, irremediablemente, ese aporte golpeará el bolsillo de los trabajadores.
Pero también, porque desde ya parece que será muy difícil ponernos de acuerdo en cuanto a las propuestas de solución que permitirán que el régimen de pensiones no quiebre y además se fortalezca para que alcance para las futuras generaciones.
Evidentemente, no estamos preparados para los cambios sociales y demográficos de los próximos años.
Parece que el invierno demográfico que golpeó a los países de Europa, ya nos alcanzó; y lo hizo sin que estuviéramos listos para actuar.
El término “invierno demográfico” es un fenómeno que inició hace varias décadas en Asia, y con el paso del tiempo se extendió primero a Europa y luego al resto del mundo. Sólo el continente africano para estar lejano –por ahora- de su impacto.
El invierno demográfico es la denominación, acuñada por los científicos sociales, para denominar al envejecimiento de la población.
Sus efectos, tienen que ver con los sistemas pensiones, con el encarecimiento de los servicios de salud, con la población en edad trabajadora activa, y con el rumbo económico de los países.
Los expertos dicen que nuestro país está entrando en esta etapa de invierno demográfico.
Mientras en el año 2005, la población de costarricenses mayores de 60 años, era de alrededor de 350 mil, se estimaba que para el año pasado alcanzaría a 500 mil, y para el año 2025 se proyecta que la población de adultos mayores será de 900 mil personas.
Hace ocho años, el Dr. Raúl Sánchez Flores, experto en política familiar de la Universidad Internacional de Cataluña, advertía en una conferencia ofrecida en Costa Rica sobre los desafíos que debe afrontar la sociedad debido a los cambios demográficos que ocurren a lo largo del mundo.
Decía entonces el experto que se requieren adoptar acciones que les brinden a las familias la posibilidad de tener hijos sin verse condicionados a razones económicas y que los gobiernos deben ver esto como una inversión a largo plazo y no como un gasto.
Claro que hoy debemos preocuparnos por quién pagará nuestras pensiones en las décadas siguientes.
Pero más allá de eso, esta alerta en torno al IVM debe servir para que volvamos nuestra mirada a la necesidad de definir políticas públicas para fortalecer a las familias.
Tenemos que atender con urgencia el envejecimiento de la población, los cambios en la composición de las familias y baja natalidad.