San José, 14 jun (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió la necesidad de mantener una relación de vecindad “pacífica y armoniosa” con Nicaragua, a pesar de los constantes cuestionamientos internacionales que pesan sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos.
La mandataria subrayó que, más allá de las diferencias políticas y las críticas globales hacia la administración sandinista, Costa Rica debe priorizar los vínculos históricos, comerciales y humanos que unen a ambas naciones.
“Nosotros mantenemos una relación comercial histórica, efectivamente un 25% de los habitantes de Costa Rica son nicaragüenses hoy día… no tenemos mayores espacios diplomáticos, pero sí tenemos una relación cordial entre dos naciones que comparten frontera”, expresó Fernández durante una entrevista con el canal NTN24.
Al ser consultada sobre la naturaleza del gobierno nicaragüense, la jefa de Estado evitó profundizar en las denuncias sobre la falta de libertades democráticas en el país vecino y se limitó a señalar que cada nación define su propio rumbo político.
“Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica y Dios con todos ellos, pues con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener y nosotros acá llevando la relación de vecindad de una manera pacífica, armoniosa en todo lo que se pueda”, afirmó la presidenta.
Fernández también realizó una distinción entre la situación nicaragüense y la de otros países de la región, argumentando que Nicaragua presenta condiciones económicas particulares. “En el caso de Nicaragua, hace inversiones y mantiene una estabilidad económica donde usted no puede comparar las condiciones de vida que tienen los nicaragüenses frente a las que tienen, por ejemplo, los cubanos o las que llegaron a tener los venezolanos”, sostuvo.
Estas declaraciones cobran relevancia en un contexto donde Costa Rica se ha consolidado como el principal destino de miles de nicaragüenses que han solicitado refugio desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, alegando persecución política y falta de garantías fundamentales.
Pese a este flujo migratorio y las tensiones regionales, la mandataria reiteró que su administración mantendrá la postura de respeto mutuo y cooperación fronteriza, buscando evitar conflictos diplomáticos que afecten la convivencia entre ambos pueblos.
