Una vigilia luminosa por la reforma estructural de la administración de justicia
El mes anterior, las calles josefinas que conducen al corazón del Parque de la Democracia, fueron el escenario de una puesta política ¿–o una apuesta? – bien ensayada por diversos sectores, aunque ciudadanamente arropada con consignas a favor de la democracia y la división de poderes.
Convocado por bloques de la oposición al Ejecutivo y auspiciado por defensores del inmovilismo judicial, el llamado plantón se anunció casi como una gesta heroica en defensa del Estado de derecho ante una supuesta deriva autoritaria. Ese es el sabor de cada semana y el relato cotidiano que habita en las mentes de quienes todavía no procesan la rotunda derrota electoral de febrero de este año.
La movilización fue la expresión legítima de libertad en una democracia que no corre peligro, contradiciendo a las mismas voces que, sin sufrir represión alguna, se alzaron en su defensa proclamando la salida de sus presuntos agresores.
Precisamente, también en libertad y paz, nuestro país recibió este domingo en Peñas Blancas la antorcha de la independencia para iniciar así el recorrido nacional de más de 370 kilómetros con la participación de unos 22 mil estudiantes que, según el MEP, se relevarán durante esa larga y democrática trayectoria que culminará una vez más en Cartago.
Ese fuego no solo representa el acto protocolario del mes, sino un vivo y palpable recordatorio de nuestra salud institucional, resiliente frente al intento de consolidar aquella narrativa de una democracia bajo ataque. La realidad en las calles tomadas por niños, jóvenes y adultos que celebran el camino de la tea, es reflejo fiel del respeto de una sociedad que entiende su libertad como estado natural y de una República que conserva intactos sus cimientos.
En una democracia decadente no hay confianza en los símbolos patrios, y menos aún sería viable cualquier manifestación cívica espontánea u organizada, porque las fuerzas militares las reprimirían. El país sigue experimentado su independencia sin que la crudeza del debate político, la elevada tensión entre poderes y la efervescencia ciudadana dañen su ecosistema democrático o impidan que el pueblo celebre, sin miedo, su soberanía.
Es válido manifestar desacuerdo con el ejercicio del poder gubernativo, sin embargo, sería imperdonable que en otras acciones colectivas similares al plantón se dejen de exigir reformas tangibles en el corazón del sistema que se dice defender. Cualquier gala ciudadana se desluce cuando solo cubre la fachada de la casa común, ocultando las grietas en los fundamentos de la democracia.
Y una efectiva justicia pronta y cumplida es uno de esos pilares, como también lo es la legítima lucha por la alternancia en la cúpula judicial para evitar la concentración de poder y el confortable inmovilismo institucional, debilidades que han impedido garantizar la prestación eficiente y eficaz de un servicio público central.
Por eso, la anunciada “faroleada” no debe ser la toma circunstancial de una celebración que le pertenece a todo el país, convirtiéndola en pirotecnia verbal que olvida la injusticia que diariamente ocurre en nuestras calles; esa que avanza al continuar estancadas importantes reformas penales para contenerla, y detenidos los cambios administrativos de calado en el sistema judicial para sancionarla siempre a tiempo.
En un contexto de fuerte restricción fiscal la solución no es solo inyectar más recursos a un modelo que se resiste a cambiar, sino también pedir cuentas claras e inaplazables a una cúpula reacia a la oxigenación democrática propia de la alternabilidad, y someterla a una seria evaluación de resultados que va más allá de estadísticas de despacho que apenas sobreviven para presentarse a una reelección.
Esas circunstancias solo prolongan el estado crítico de la justicia como derecho fundamental, el cual es superior al de los representantes electos a plazo fijo para servir a los intereses generales, y no a los particulares de un grupo que no ha conducido satisfactoriamente la transformación de la estructura judicial. Un estamento que hacia afuera tampoco ha apoyado las iniciativas legislativas para contener la criminalidad, y asegurar que las penas cumplan su fin resocializador.
Que ese sea el criterio patriótico en la elección de la próxima presidencia de la Corte y así se demande desde la ciudadanía, de modo que vuelva a verse con claridad la luz de una justicia pronta y cumplida.
