Por Natalia Díaz Quintana*
Desde hace varios días el tema de empleo público y las denuncias de salarios desproporcionados en el sector público ha generado una serie de reacciones en diferentes sectores. El Partido Movimiento Libertario no es enemigo de los funcionarios públicos, es enemigo de los abusos y privilegios de algunos funcionarios y entre ellos hay gente muy eficiente, honrada, responsable y trabajadora que ha recibido esos beneficios aún sin haberlos solicitado.
Que quede muy claro que no se pretende afectar los salarios de los actuales funcionarios. Nosotros, los libertarios, no dejaremos de defender nuestros ideales y seguiremos realizando las denuncias necesarias para que los ciudadanos conozcan las realidades que aquejen a nuestro país.
De forma tendenciosa, los líderes sindicales han infundido temor en muchos funcionarios, mintiendo y confundiendo que una nueva ley de empleo público los afectaría. La nueva ley de empleo público viene a ordenar el régimen salarial para los nuevos funcionarios estatales; es una reforma justa y necesaria, que viene a traer estabilidad a un régimen salarial que, de no ser reformado, podría culminar quebrando, y ahí sí, afectando a todos los funcionarios del país.
Es necesario recalcar que esta iniciativa de empleo público no tiene efecto retroactivo. Los funcionarios que tienen derechos adquiridos los mantendrán. Esta propuesta sólo aplicaría para funcionarios que recién se contraten en el sector público y para todos aquellos funcionarios que deseen acogerse a ese nuevo régimen voluntariamente.
Es notorio que la gran mayoría de costarricenses se encuentran indignados con los abusos sindicales expuestos; sin embargo, es mi interés decirle a gran parte de los funcionarios públicos que la nueva ley de empleo les beneficia a ellos también. Lo justo y equitativo es que a funciones iguales, existan salarios iguales.
No es aceptable que un misceláneo del Ministerio de Educación reciba 300 mil colones mensuales y otro en RECOPE sobrepase el millón de colones, y algunos con roles similares en la UCR alcance el millón y medio por mes.
Hablar del déficit fiscal es reiterativo en este país. Sin embargo las consecuencias de no tomar acciones correctivas, que van desde la reducción del gasto hasta la creación de condiciones para la reactivación económica, nos acercan a situaciones fiscales paupérrimas y de consecuencias penosas.
No quisiera ver que en este país tengamos que empezar a despedir funcionarios cuya función es necesaria, recortar pensiones normales y afectar servicios públicos esenciales, sencillamente por haber hecho caso omiso a las advertencias económicas, y haber creído las inoportunas mentiras sindicales.
Costa Rica vive en un momento histórico, donde los funcionarios públicos pueden acompañarnos en una dirección país en la cual no se vean perjudicadas en el corto, mediano y largo plazo; o puede seguir a ciertos dirigentes sindicales vitalicios y desgastados, que amenazan la sostenibilidad de los regímenes del cual deviene su propio salario y sustento diario.
Las posiciones que han asumido la Presidencia y el Ministerio de Hacienda me causan enorme frustración. Decir que no es urgente entrarle de lleno a debatir las remuneraciones salariales del sector público es una irresponsabilidad fiscal y política.
Impulsar el proyecto de creación del “impuesto al valor agregado”, para todas las actividades económicas, bienes y servicios; elevarlo al 14 y luego al 15 por ciento, sin antes detener los disparadores del gasto, revela una absoluta miopía para percibir el entorno legislativo, y una lectura errónea de la coyuntura que el país está viviendo.
La patria requiere acciones pragmáticas, acorde con la situación financiera de empresas y hogares; se gobierna para los ciudadanos y no para engordar un estado frondoso y saturado de un crónico parasitismo laboral.
Una nueva ley de empleo público es un tema de interés nacional sobre el que debemos tomar acciones concretas ya.
(*) Diputada de la República de Costa Rica, partido Movimiento Libertario.
