El jueves anterior, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto Ordinario de la República para el próximo año, no sin una gran preocupación por la forma en que una vez más, el Ejecutivo estructura su plan de gastos, dando prioridad a las partidas relacionadas con remuneraciones y pluses salariales en lugar de privilegiar la inversión pública. Ello es doblemente preocupante si tomamos en consideración que será el próximo gobierno el encargado de ejecutar dicho plan.
El presupuesto de la República es una ley formal y material, pero de carácter especial por la materia que la constituye y por el procedimiento establecido en la Constitución Política para su elaboración y aprobación. La competencia o legitimación que constitucionalmente se atribuye a la Asamblea Legislativa sobre la materia presupuestaria, es para autorizar los ingresos probables y el límite de los gastos de la Administración Pública, de ahí que la única manera de modificarlo es mediante presupuestos extraordinarios, los cuales obviamente deben estar respaldados por recursos frescos, y también aprobados por la Asamblea.
Específicamente en este presupuesto, la comparación entre ambos rubros, remuneraciones e inversión es particularmente llamativo. Mientras el primero se incrementa en un 6.7%, que es superior al 3.2% del presupuesto en su totalidad y además superior a la inflación, el segundo, o sea lo previsto para infraestructura, particularmente vías de comunicación, y otros de apoyo a la producción nacional, decrece en un 17%.
Sobra decir que sin producción, la generación de empleo se reduce prácticamente a aquello que el sector público puede absorber, dando con ello continuidad al crecimiento de un Estado que cada vez se vuelve más ineficiente. Sobra decir además, que sin producción, la generación de empleo formal y de salarios crecientes que son la fuente principal de eliminación de la pobreza, se ven claramente disminuidos. Recordemos que si bien la política social es una herramienta poderosa de lucha contra la pobreza y especialmente contra la pobreza extrema, el salario tiene un peso relativo en los ingresos de la familia que es mucho mayor cuantitativa y cualitativamente, que la asistencia social.
Pero además, si supusiéramos que la política social fuera suficiente para superar la pobreza, también el Presupuesto está mal orientado. Ello porque los recursos del Fondo de Asignaciones Familiares que es la principal fuente de financiamiento para los programas social, al estimarse que un 60% de sus ingresos provienen del 5% que los empleadores cotizan sobre sus planillas.
En conclusión, si queremos superar esta situación, la reforma del Estado Costarricense ya no es una elección sino una obligación. Un país que históricamente se destacó en el siglo XIX por sus posiciones valientes e innovadoras en materia educativa; que fue capaz de abolir el ejército cuando ello parecía una quimera y que se incorporó tempranamente a la revolución tecnológica, tiene que hacer un alto en el camino y encaminarse en la dirección correcta. De no ser así, seguiremos como el cangrejo, caminando para atrás.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo y número de identificación al correo redaccion@elmundo.cr.
