Otra amenaza contra las Áreas Silvestres Protegidas

» Por Rolando Portilla Pastor - Ingeniero Civil. MSc. Manejo de Recursos Naturales

El proyecto de ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado (PNE) y del derecho de utilidad ambiental (Ley DUA)”, expediente 22391, que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, constituye una nueva y severa amenaza contra las áreas silvestres protegidas estatales. El mismo presenta dos componentes: a) Derechos de uso ambiental (DUA’s) y b) Gestión del Patrimonio Natural del Estado.

Con respecto a los DUA’s, parece razonable el otorgamiento de ciertos derechos de uso sostenible para personas que durante más de 10 años hayan ocupado zonas del PNE, fuera de parques nacionales.  Sin embargo, surgen aquí una serie de dudas y lagunas: ¿es necesario afectar a todo el PNE para otorgar esos permisos? ¿A qué escala se plantearían el manejo forestal o la silvicultura?  ¿Qué actividades abarcan los servicios ecosistémicos?  ¿Cuáles son los límites con respecto al término “comercio”? Nada de esto está claro en el proyecto de ley y preocupa ese nivel de indefinición sobre algo tan importante como él PNE.

Sin embargo, la mayor preocupación y cuestionamiento surge de los artículos 15 y 16 del proyecto, que no tienen que ver con el DUA, sino con el régimen del PNE. El artículo15 establece que los usos permitidos en el PNE son los que determine el plan general de manejo y hace algunas excepciones. Dichas excepciones no abarcan entre otros, proyectos de generación eléctrica como geotérmicos, eólicos, solares o de biomasa.  Tampoco excluye la construcción de carreteras o autopistas, actividad de alto impacto ambiental, ni excluye el turismo masivo (hoteles, restaurantes, teleféricos, caminos, etc).  Tampoco se prohibiría la agricultura o la ganadería, con todo lo que esto pueda implicar. De acuerdo a ello, todas esas actividades quedarían autorizadas para desarrollarse en todo el PNE, incluyendo parques nacionales y reservas biológicas. Algo innecesario e inaceptable.

El cambio es radical, estamos pasando de una situación donde en el PNE solo se permite el ecoturismo, la investigación, la educación ambiental y los acueductos (agregado recientemente), a una situación de mucha mayor apertura, donde se permitiría todo lo que se incluya en el plan general de manejo del área. Esto daría paso a una gran manipulación política o empresarial para incluir en los planes de manejo actividades que impliquen proyectos de infraestructura comercial o industrial de gran escala, sabido el interés de muchos sectores (estatales y privados), por echar mano del PNE para su explotación.

El artículo 16 es aún más aperturista, ya que permite otorgar concesiones y permisos de uso y autorizar la construcción de infraestructura por parte de instituciones públicas para el cumplimiento de sus fines, en todo el PNE.  Aquí entraría toda infraestructura de gran escala para servicios públicos, aplicable a todas las categorías de protección, incluyendo parques nacionales. Más aperturista no se puede ser.

Las implicaciones de este proyecto para las ASP son enormes, significa un cambio radical en la visión que tanto se ha luchado por mantener y consolidar en las últimas décadas para las áreas silvestres protegidas, por la cual somos reconocidos a nivel mundial como país conservacionista, y que nos ubica como un polo ecoturístico muy importante en el planeta.  Podemos decir que estamos ante uno de los proyectos de ley más dañinos que se hayan presentado contra las ASP y el ambiente. Pronunciamientos de la Procuraduría y de la Contraloría General de la Republica ante la Asamblea Legislativa han señalado y advertido sobre las implicaciones y riesgos de este proyecto, lo cual no puede ni debe ser ignorado por los diputados en su decisión.

Nuestras ASP estatales están en peligro de extinción, en parte por falta de recursos humanos y técnicos suficientes para su protección, pero sobre todo por no tener claridad en la visión futura y en el objetivo fundamental de las mismas, como zonas para la conservación de la biodiversidad.

La sociedad costarricense debe frenar este nuevo atentado contra el PNE, y exigir respeto y protección para nuestra naturaleza y nuestras áreas silvestres protegidas. Insto muy respetuosamente a las autoridades ambientales competentes a actuar como corresponde para defender algo tan valioso como nuestro PNE y a los señores diputados a no aprobar este destructivo y peligroso proyecto.

Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, foto en PDF de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr, o elmundocr@gmail.com.

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