La pensión no debería ser una escapatoria para evadir las sanciones administrativas de los funcionarios públicos.
Nuestro país debe acabar con todos los vacíos legales que permiten la impunidad de funcionarios públicos que trasgreden la ley. Esta afirmación la hago, en vista de que en Costa Rica, en los últimos meses se ha puesto de moda, que altos jerarcas que enfrentan una sanción administrativa por incumplimiento de deberes, se acojan a la pensión como una estrategia que les permita una salida de emergencia, para escaparse de toda posibilidad de ser responsabilizados por sus transgresiones y además poder salir premiados con altas y jugosas pensiones que tendremos que pagar todos los contribuyentes que nos sentimos ofendidos por sus actos.
Y de pensionados en medio de cuestionamientos ya tenemos muchos malos ejemplos, como el Ex Fiscal Jorge Chavarría, ligado al cementazo, el Ex Procurador Adjunto, Ronny Basey Fallas, relacionado con una mala defensa del Estado, lo cual conllevó a una indemnización multimillonaria en favor de Jonathan Mauri y nada menos que el Ex Presidente de la Corte Plena, Carlos
Chinchilla, cuestionado por desestimar un caso de tráfico de influencias, cuando había prueba suficiente para continuar con el proceso en sede judicial. Todos estos ejemplos, son una muestra del portillo legal del cual se han valido algunos funcionarios públicos, para evadir las sanciones administrativas y burlarse de todos los costarricenses; generando no sólo un enorme malestar en la población, sino que, provocando también la peligrosa percepción de que en nuestro país los altos jerarcas pueden incumplir con sus deberes, dañar la confianza ciudadana y hasta violentar la ley, pero salir ilesos de la función pública, sin que haya mayor consecuencia, por el simple hecho de haberse acogido a la pensión.
El caso más reciente, es el de la ex-magistrada Doris Arias, la cual en días recientes, mediante un comunicado de prensa, nos notificó a los costarricenses, que se acogía a la pensión y se iba con su “dignidad intacta”, pese a acarrear una sanción de suspensión sin goce de salario impuesta por la Corte Plena, que no purgó a pesar de enormes cuestionamientos que, al igual que Carlos Chinchilla y otros dos Magistrados de la Sala III, la vinculaban con la penosa desestimación y archivo de una causa contra los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por un supuesto tráfico de influencias, en relación con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Y mientras tanto, de estos malos ejemplos, los costarricenses miramos horrorizados cómo la impunidad se abre paso en la función pública y cómo en nuestro país, el acogerse a la pensión, no solo termina la condición de funcionario público, sino que también anula cualquier sanción administrativa que se haya impuesto, por más grave que sea la lesión provocada.
Resulta ya tan evidente este método para esquivar la ley disciplinaria, que los diputados y diputadas, tenemos con prontitud, que idear y aprobar un mecanismos que impida, que estos funcionarios cuestionados y ya sancionados, al desvincularse del cargo, sea por jubilación o por renuncia, puedan fenecer la justicia administrativa y desligarse de las consecuencias pecuniarias derivadas de la sanción impuesta.
Por ello, para impedir futuros casos como estos, como Legisladora me avocaré a confeccionar un proyecto de ley, que busque crear un nuevo régimen sancionatorio, que le permita a la Procuraduría General de la República, con el expediente de la sanción, acudir a una vía rápida, ante un tribunal especializado en la materia, para transformar la sanción administrativa no ejecutada en un cobro pecuniario contra quien fuera funcionario público y que se haya acogido a la pensión; esto con el fin de que el Estado pueda finalmente, contar con medios para repararse el daño y que la ciudadanía pueda, retomar su confianza en la función pública y acabar con la peligrosa percepción de impunidad selectiva e institucionalizada, que hoy en día crece en nuestro país.
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