Si bien es cierto, la actual pandemia demanda unidad, no es posible dar carta blanca al gobierno, cuando anuncia medidas que, a todas luces, no sólo no serán eficaces para superar la crisis económica provocada por el COVID-19, sino que, por el contrario, podrían agravar sus consecuencias. Desde una perspectiva liberacionista y socialdemócrata, el presupuesto extraordinario y las medidas complementarias presentadas por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa, el pasado lunes, son draconianas, tienen graves defectos de forma y fondo y, además, son inaplicables.
Creo que la mayoría de los sectores estamos de acuerdo en el sentido de que hay que adoptar medidas duras y complejas, muy impopulares, pero que deben sustentarse en principios de solidaridad, empatía y apoyo, enfocadas a las personas que más se han visto afectadas por las gravísimas consecuencias económicas de la emergencia sanitaria. Ahora bien, la iniciativa del gobierno es omisa, improvisada y está llena de ocurrencias. Asimismo, no resuelve un problema de especial relevancia que, incluso, es anterior a la debacle del 2020: no hay medidas claras que garanticen la reactivación económica en el corto, el mediano y el largo plazos.
Por ejemplo, la reducción de salario y de jornada a los empleados públicos, de todas las instituciones públicas, incluidas las descentralizadas, en un porcentaje del 15 por ciento para las remuneraciones superiores a los 1,5 millones de colones, amenaza con bajar la recaudación en el renglón del impuesto sobre la renta y, asimismo, debilita la captación de recursos para la Caja Costarricense de Seguro Social, así como para otras instituciones, como FODESAF. Por otra parte, vulnera la capacidad de consumo de un importante sector de la clase media, que tendría que restringir sus gastos al mínimo, lo que terminaría por dañar al comercio y a los servicios, especialmente al turismo nacional. Además, la medida es contraria al principio de igualdad ante la Ley. Por ende, lo lógico sería plantear una contribución para todo el sector público, pero incrementando el porcentaje del tributo en relación con los ingresos, de tal modo que los que ganan más, aporten más, de forma escalonada.
Cercenar los escasos recursos que se trasladan a las municipalidades, por medio de la Ley 8114, es también una medida que, metafóricamente, equivale a dispararse en el pie. En un momento en el que la inversión pública es fundamental para salir de la crisis, dejar a los gobiernos locales sin recursos para invertir en la red vial, no sólo implica el deterioro de las calles de nuestras comunidades, sino menos contratos para las empresas a las que se concesionan estos trabajos, lo que promueve más desempleo y pérdida de competitividad.
Algo similar ocurre con los fondos destinados a las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Las pequeñas obras que desarrollan estas instancias son fundamentales para la calidad de vida, especialmente en comunidades de escasos recursos y, además, también generan empleos.
En este mismo sentido, cancelar los bonos de vivienda no sólo impedirá que las personas puedan optar a una vivienda digna, sino que, además, como este instrumento implica también un crédito, la restricción causará un grave prejuicio para el sector financiero, además del daño, nuevamente, al ámbito laboral, ya que se calcula que cada bono que se adjudica genera al menos siete empleos por tres meses. En un momento en el que ha quedado en evidencia las condiciones infrahumanas en las que viven muchas personas, debido al fenómeno de las cuarterías, debería ser para el Estado una prioridad el tema de la vivienda digna; sin embargo, nuevamente, el gobierno parece querer dispararse en el pie y con ello, causar aún más dolor a los sectores populares que son los que más daño han recibido en esta pandemia.
Llama la atención que, contrario a lo que ha sucedido en otros países, con tradición de compromiso con las instituciones del Estado del bienestar, como es el caso de Europa, en Costa Rica el ejecutivo no ha planteado nada sobre un impuesto, al menos transitorio, a los grandes capitales, que ahora están ociosos.
Un país no se puede gobernar desde la improvisación, desde la ocurrencia y desde la inhumana óptica de los números. Por supuesto que las medidas y los recortes son necesarios, pero no así, sin fundamento, sin análisis y sin planificación estratégica.
Mucho debería de aprender este gobierno de la experiencia de la administración Monge Alvarez (1982-1986(, cuando se aplicaron políticas solidarias y dinamizadoras de la economía que permitieron a Costa Rica salir de la peor crisis, hasta ese momento, de su historia. De igual manera, también hay un legado importante, de políticas Socialdemócratas, que permitieron salvar y fortalecer el Estado del bienestar,, en la época más dura de la aplicación de las más nefastas medidas neoliberales en toda América Latina, durante la presidencia de José María Figueres Olsen (1994-1998).
Antes de imponer más y más impuestos y políticas confiscatorias, dirigidas sobre todo a la clase media y a los sectores más vulnerables, el gobierno debería de sentarse con los otros partidos políticos y con figuras de relevancia nacional, con el fin de lograr un gran pacto de Estado, el cual no sólo permita hacer frente a la actual coyuntura de colapso de la economía, sino para formular estrategias para una verdadera reactivación económica, que genere bienestar y estabilidad para todas y todos los costarricenses y que haga posible que Costa Rica preserve las instituciones del Estado solidario y del bienestar, que tan fundamentales han sido para atajar las peores consecuencias sanitarias y humanas de la actual pandemia.
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