Esta semana hemos sido testigos de cuatro hechos de violencia de Estado en dos países de nuestro continente. El primero de ellos en Brasil, donde gracias a las denuncias valientes y proféticas del excelentísimo señor arzobispo de Manaus, Monseñor Leonardo Ulrich Steiner, el mundo pudo conocer los asesinatos perpetrados por parte de la Policía Militar de dicho país el día 4 de agosto, en contra del indígena munduruku Josimar Moraes da Silva y de tres “ribeirinhos”, así como de la desaparición de otras tres personas. El segundo caso, el pasado lunes 10 de agosto, en el municipio Leiva, departamento de Nariño, Colombia, paramilitares de extrema derecha, pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas, le dispararon a quemarropa a dos estudiantes afrocolombianos mientras iban al colegio a dejar una tarea: Cristián Caicedo, de 12 años, y Maicol Ibarra, de 17. Al día siguiente, 11 de agosto, en el barrio Llano Verde, en Cali, tras recibir torturas, mediante tiro de gracia, y posteriormente incinerados, Juan Manuel Montaño, Jean Paul Perlaza y Leyder Cardena, de 15 años, Jair Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo, de 14, corrieron similar suerte a manos de policías igualmente afines al régimen de Iván Duque. Cinco niños afrocolombianos víctimas del racismo asesino de las autoridades.
Como si fuera poco, la noche del sábado 15 nuevamente un comando de Autodefensas Gaitanistas, bajo la complacencia de las autoridades duquistas, ingresa a un local donde jóvenes estudiantes celebraban un asado y sin mediar explicación abrieron fuego, asesinando a 11 inocentes muchachos.
Con absoluta indolencia, el sátrapa Duque sale a declarar que los hechos se deben al narcotráfico común. Solidaridad ninguna con una población mucho más atemorizada por la recurrente violencia que por la pandemia del covid-19, en donde el propio gobierno colombiano, ante su absoluta incapacidad o desinterés por garantizar los derechos del pueblo colombiano en medio de la crisis sanitaria, se ha servido de estas “Autodefensas” para imponer un toque de queda no oficial y mantener a la gente aterrorizada, en un “quedate en casa” obligado, así se trate de salir a buscar el pan del día en muchísimos casos, es preferible no comer dos o tres días a morir baleado o descuartizado.
Lo realmente vergonzoso de todo esto es el silencio indolente y cómplice de la comunidad internacional y en nuestro caso la Cancillería costarricense vuelve a ver para otro lado cuando se trata de estos violentos desmanes por parte de los regímenes de ultraderecha que tiene como aliados. Recordemos que los Gobiernos de Carlos Alvarado y Jair Bolsonaro suscribieron un pacto en octubre de 2019 para que la representación de este segundo ocupase un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, toda la política exterior a nivel regional latinoamericano la coordina la Cancillería de nuestro país con el llamado Grupo de Lima, cuyos principales promotores son los presidentes Carlos Alvarado, de Costa Rica, Iván Duque, de Colombia, y Sebastián Piñera, de Chile. Éste último, por cierto, quien también se ha dedicado a pisotear los derechos humanos del pueblo indígena mapuche y mantiene a numerosos presos políticos en las cárceles de la Araucanía.
Si el gobierno de Costa Rica no condena ante la comunidad estos hechos de violencia por parte de los regímenes brasileño y colombiano, se demostrará como cómplice y evidenciará la falsedad de su posición como supuesto defensor de la paz, el desarrollo y los derechos humanos.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, foto en PDF de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr, o elmundocr@gmail.com.
