La democracia suele presentarse como el destino natural de las sociedades modernas. Sin embargo, en pleno siglo XXI está lejos de ser la forma de gobierno predominante. Según el Índice de Democracia 2025 de The Economist Intelligence Unit, de 167 países evaluados apenas 26 son democracias plenas, 48 son democracias con defectos y los restantes 93 corresponden a regímenes híbridos o autoritarios.
Tampoco debe sorprender que la democracia sea considerada un sistema imperfecto y con serias debilidades. Los propios filósofos griegos que la concibieron ya advertían sus riesgos. Platón temía que una democracia sin ciudadanos virtuosos terminara dominada por demagogos capaces de conducir al pueblo hacia la tiranía. Aristóteles sostenía que toda forma de gobierno podía corromperse cuando dejaba de perseguir el bien común.
Por eso, no resulta extraño que algunos líderes lleguen al poder por la vía democrática para luego debilitar las instituciones que hicieron posible su elección. El caso de Nicaragua resulta especialmente ilustrativo. Daniel Ortega alcanzó la Presidencia mediante elecciones, consolidó progresivamente un régimen autoritario y recientemente anunció que ya no habrá elecciones competitivas porque, según él, representan una amenaza para la paz y la estabilidad del país. Paradójicamente, la democracia terminó siendo presentada como el enemigo.
La pregunta incómoda es por qué una parte importante de la sociedad nicaragüense termina adaptándose a un modelo dictatorial. La respuesta difícilmente puede reducirse a afirmar que “los nicaragüenses no saben qué hacer con la democracia”, como si esta viniera acompañada de un manual de instrucciones.
Esa explicación sería injusta y simplista. Décadas de guerra, revoluciones, autoritarismo, clientelismo, pobreza y debilidad institucional han moldeado una cultura política muy particular. Empresarios, trabajadores, funcionarios y amplios sectores sociales han aprendido a sobrevivir dentro de un sistema donde las decisiones dependen de un poder cada vez más concentrado. Con el paso del tiempo, esas dinámicas terminan convirtiéndose en la normalidad.
Costa Rica suele verse como una excepción democrática en América Latina. Sin embargo, precisamente por esa condición, conviene observar lo que ocurre en Nicaragua sin arrogancia y con prudencia. No porque ambos países sean iguales, sino porque la historia demuestra que ninguna democracia está inmunizada contra el deterioro institucional.
Dentro de una democracia pueden aparecer señales de alerta: intentos de concentración del poder, debilitamiento de los mecanismos de control, ataques sistemáticos contra la prensa, descalificación permanente de los órganos independientes, polarización extrema y una ciudadanía que empieza a creer que las reglas democráticas solo son legítimas cuando benefician a su propio bando.
Al mismo tiempo, tampoco puede ignorarse una realidad incómoda. La democracia, por sí sola, no garantiza desarrollo económico, seguridad ciudadana, prosperidad ni buenos gobiernos. Es un mecanismo para resolver pacíficamente las diferencias políticas y distribuir el poder; no una fábrica de gobernantes honestos, competentes o visionarios.
Cuando en una democracia las personas perciben corrupción, inseguridad, burocracia ineficiente, deterioro de los servicios públicos y escasas oportunidades económicas, el desencanto comienza a crecer. Y así se abren espacios para quienes ofrecen soluciones rápidas, simples y aparentemente eficaces, casi siempre acompañadas de más concentración del poder. Los problemas del país no deben convertirse en la grieta por donde ingresen caudillos providenciales ni proyectos autoritarios disfrazados de eficiencia.
La coincidencia entre el anuncio de Daniel Ortega de eliminar definitivamente las elecciones competitivas en Nicaragua y la intensa confrontación institucional que vive Costa Rica, con acusaciones incluidas de golpe de estado, debería invitarnos a la reflexión, no a la exageración. Ambos acontecimientos no son equivalentes, pero sí recuerdan una verdad fundamental: ninguna democracia es indestructible.
Los desacuerdos entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Sala Constitucional forman parte del funcionamiento normal de una república. Lo preocupante comienza cuando esas diferencias dejan de resolverse dentro de las reglas constitucionales, y se convierten en disputa donde cada actor cuestiona la legitimidad del otro.
Costa Rica no debe creer que, por su tradición democrática, está inmunizada contra el deterioro institucional. Las democracias se erosionan lentamente, mediante pequeños retrocesos que muchos consideran aceptables, porque favorecen sus intereses políticos inmediatos.
La mejor defensa de nuestra democracia no consiste en respaldar incondicionalmente a un gobierno, a un tribunal o a un partido político. Consiste en exigir que todos, sin excepción, respeten las reglas constitucionales, acepten los límites de su poder y resuelvan sus diferencias dentro del Estado de Derecho.
La democracia costarricense no será preservada por la costumbre ni por el prestigio acumulado durante décadas. Sobrevivirá únicamente si los ciudadanos somos capaces de defender las instituciones incluso cuando sus decisiones nos incomodan o limitan a quienes apoyamos políticamente. Esa es la diferencia entre una democracia madura y una que, casi sin darse cuenta, se condena a desaparecer.
