Recientemente se presentó un proyecto de ley para cobrarle un impuesto del 1.5 colones por cada cinco gramos a los alimentos “ultraprocesados”. Se trataría entre otros de hamburguesas, perros calientes, papas fritas, helados, bebidas de chocolate, galletas, pasteles, bebidas azucaradas, yogur, etc.
Sus proponentes básicamente nos dan dos argumentos a favor del impuesto. El primero es que esto aliviaría en parte la crisis del régimen de IVM de la CCSS. El segundo argumento es que estos alimentos generan problemas en “la salud” de las personas. No entraré a analizar el primer argumento, me concentraré en la segunda razón nada más.
Lo primero que se debe decir es que los autores del proyecto no especifican cuáles son los problemas de salud que el consumo de esta clase de alimentos genera; si es que en verdad el simple consumo acarrea algún problema. Porque existe la tendencia a pensar que el consumo – ya no el abuso – de esta clase de alimentos produce altos índices de obesidad y otras enfermedades.
Pero la obesidad no es causada solamente por el abuso en el consumo de este tipo de alimentos. En realidad el consumo excesivo de cualquier otro alimento – carne, arroz, frijoles, pan, etc. -, podría también causar el exceso de peso y muchas otras enfermedades más. Parece que los autores de este proyecto de ley nos quieren hacer creer que el simple consumo, ya no el abuso en el consumo, podría generarle pobremas en la salud a las personas.
Pero ¿cuál ha sido la experiencia en otros países? Por ejemplo en México se creó en el año 2013 un impuesto a las bebidas gaseosas. Y con argumentos muy similares el gobierno mexicano afirmaba que esta clase de bebidas causaba múltiples enfermedades y que su consumo debía disminuirse.
El impuesto falló al no disminuir el consumo de bebidas gaseosas de manera significativa. Tanto así que los miles de empleos – que algunos temían se perderían por el impuesto – al final no se perdieron. Las compañías productoras de bebidas gaseosas en México no disminuyeron la cantidad de empleados, señal que posiblemente tampoco disminuyeron sus ventas.
Lo que si produjo este impuesto en México es que los pobres tuvieron que destinar más dinero en la compra de estos productos. Es decir, fueron obligados a reducir la compra de otros bienes y servicios para poder mantener su patrón de comportamiento alimentario.
En palabras más simples: se les empobreció. Y se vieron forzados a sacrificar el consumo de otros productos. Lo que también logró el impuesto fue aumentar los ingresos del fisco, a costa del empobrecimiento de los consumidores.
Muchas veces una política pública termina produciendo efectos indeseables y no previstos. Y para peores termina en algunos casos creando problemas más graves.
Generalmente se piensa que un impuesto a esta clase de alimentos – bebidas azucaradas, dulces -, y otros como los cigarrillos, la cerveza, etc. le reembolsa los costos al sistema de salud por las personas que abusan del consumo de los mismos.
Se dice – más o menos -, que si la persona abusa en el consumo de estos productos entonces inevitablemente se enfermará en algún momento. Y entonces tendría que recurrir al cuidado del sistema de medicina “pública”. Por ende los costos de tratar esas enfermedades serían asumidos por el resto de los personas.
Sin embargo, lejos de ser esto una razón para apoyar la creación de esta clase de impuestos, lo cierto es esto sería más un justificante para crear un verdadero sistema de seguros médicos privados. Si cada persona tuviera que pagarse un seguro médico privado, entonces tendría más cuidado con sus hábitos personales.
Ya que el costo por la obesidad o el tabaquismo de un individuo sería “financiado” por la misma persona que toma el seguro, al pagar inevitablemente primas más altas. Y tal costo no sería pagado por las demás, como sí lo es ahora. Al estar hoy en día los costos socializados la responsabilidad individual es nula.
Todos deseamos personas más sanas, que hayan menos adicciones, que se sufran menos enfermedades y que los niños tengan una alimentación balanceada y muy nutritiva. Pero no es por medio de la creación de impuestos – los cuales muchas veces generan mercados informales -, que se puede lograr este objetivo.
Recordemos que las personas son dueñas de si mismas. Por ende dueñas de lo que producen y libres de consumir todo aquello que no se haya prohibido mediante una ley justa. A los ciudadanos no se nos debe poner en el papel de niños y el Gobierno no debe jugar un rol de padre de familia.
Somos libres y cada hombre debe utilizar su mente para seleccionar aquellos valores por los cuales quiere vivir y educar a sus hijos. Debe aprender sobre las causas y efectos de sus acciones.
Es por medio de las asociaciones de consumidores, de las mismas empresas que fabrican estos alimentos y de la educación en la familia que se pueden modificar hábitos y costumbres alimentarias de forma permanente. Todo intento de hacernos marionetas y obligarnos a consumir esto, pero no lo otro, siempre termina generado efectos indeseables y problemas más graves.
Los hombres somos libres de pensar y actuar. Por lo tanto libres de producir y consumir. Somos libres de aprender. Podemos elegir según nuestro conocimiento y desarrollarnos según nuestros valores. Interferir o distorsionar en esto solo conduce al abuso. Además, en la mayoría de los casos esta interferencia nos genera un daño más grave y nos empobrece a todos.
La mejor forma de promover el bienestar de todos es de manera espontánea, porque los individuos (los adultos) tienen el derecho y la responsabilidad de decidir sobre sus vidas y sus haciendas. Y porque las personas adultas en una sociedad libre no tenemos tutores, ni amos, ni dueños.
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