La Contraloría General de la República (CGR) indica en su informe “Presupuestos Públicos 2018: Situación y Perspectivas” que el Banco Central resalta como factores de riesgo: el déficit fiscal del Gobierno Central (7.1% en el 2018) y la tendencia creciente de su deuda (49.2% al cierre del 2017). Preocupa además que el financiamiento recurrente de gastos corrientes con deuda, contrario a lo que establece nuestra Constitución Política, contribuye a que la misma se proyecte en un 53.6% del PIB al cierre de este año.
Menciona también este informe que los presupuestos de las instituciones públicas para el 2018 suman 25.7 billones de colones (73.3% del PIB) y crecen un 1.3% con respecto al presupuesto del 2017. El presupuesto del Gobierno Central, que analiza la Asamblea Legislativa, asciende a 9.4 billones de colones; crece, con respecto al 2017, un 1.9%; y se está financiando un 55.3% con ingresos corrientes, un 44.7% con deuda y el porcentaje restante con ingresos de capital.
Existe también una seria situación de inflexibilidad del gasto público que deja poco margen para financiar la operación del Gobierno. Las remuneraciones, las transferencias corrientes y el servicio de la deuda (pago de intereses y capital) comprenden el 90.1% del gasto total del presupuesto del Gobierno Central.
La propuesta de reforma fiscal que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, proyecto de ley 20.580 (Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), pretende lograr un rendimiento del 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) desglosado de la siguiente manera: un 0.9% por concepto del impuesto al valor agregado (I.V.A), un 0.5% por impuesto sobre la renta, un 0.5% por la regla fiscal legal y un 0.01% por empleo público. En otras palabras, el rendimiento por la vía de los ingresos sería únicamente de un 1.4% (I.V.A y renta) del PIB. Tal y como indicó la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en su comparecencia esta semana en la Asamblea Legislativa, ni este proyecto de ley ni las medidas anunciadas ahí son suficientes para reducir el déficit fiscal en un 3% del PIB en 4 años.
La Ministra expuso 22 medidas para paliar el déficit fiscal crónico y creciente en nuestro país. No es fácil el rol que deberá ejercer en estos 4 años para contener y reducir ese desbalance del gobierno central.
Se nota, por capacidad y por experiencia en la función pública, el amplio conocimiento de la temática fiscal y financiera que ella posee.
Considero loable el esfuerzo de la señora Ministra por la vía de reducción de gastos, aunque aún insuficiente.
En términos generales me parecen buenas sus pretensiones y acciones a tomar en ese aspecto; las aborda por el lado de las remuneraciones (salarios y pluses), por el lado del presupuesto del 2018, del presupuesto del 2019, y con algunas medidas de tipo administrativo. Por otra parte, insiste en la aprobación de los nuevos tributos y otros proyectos prioritarios que se encuentran en la corriente legislativa.
Mencionó algunas medidas administrativas que considero muy positivas, no solo por el fondo de las mismas, sino porque no requerirían de la aprobación de reformas legislativas, lo cual facilitaría su aplicación.
En cuanto a las medidas relativas a remuneraciones, destaco: el establecimiento de un monto fijo de incremento salarial, condicionado a la aprobación de una nueva ley de empleo público y a que en el proyecto 20.580 se indique que los pluses salariales queden definidos nominalmente (por inflación); y el pago de un monto fijo para las anualidades (sin crecimiento). Sin embargo, aunque son propuestas importantes, el ahorro que se generaría sería de únicamente 27.521 millones de colones en el primer año, equivalente a un 0.08% del PIB.
Considero importante destacar que en materia de compras públicas, no se autorizarán pagos a contrataciones realizadas fuera de la plataforma SICOP. Estas decisiones son fundamentales para una mejor transparencia y eficiencia en las compras del estado.
Por otra parte, la renegociación de las convenciones colectivas, la fusión de Bancrédito con el Banco de Costa Rica (BCR) y la necesaria reincorporación del apartado de destinos específicos en el proyecto 20.580, son temas que deben ser tomados en consideración por los señores diputados.
Sin embargo, la señora Ministra no se enfocó en las medidas que podrían tomarse, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde la Asamblea Legislativa, para impulsar el crecimiento y la reactivación económica.
Desde el Poder Ejecutivo es necesario impulsar una buena desregulación que promueva la sana inversión, para reducir las tasas de desempleo, promover más desarrollo y más recaudación por impuestos sin necesidad de aumentarlos.
En la corriente parlamentaria, por otra parte, existen varios proyectos tendientes a facilitar un mayor crecimiento económico y la generación de empleo, como la educación dual, la flexibilización laboral, la posibilidad de asegurar a las personas por el tiempo real trabajado, entre otros. Deben aprobarse estos proyectos de ley, en conjunto con otras medidas que puedan tomarse desde el Ejecutivo sin necesidad de una reforma legal, pues a mayor crecimiento de la economía, mayor recaudación de tributos. Este es el camino que debemos tomar. Estoy convencida que una mayor carga tributaria no solucionará el problema y contribuirá, sin duda alguna, a empobrecer aún más a la ciudadanía y a desincentivar la inversión y la generación de empleo en nuestro país.
Hay buenas intenciones en reducir gastos, pero las acciones son insuficientes. Si no mejoramos las condiciones para ser más competitivos y no se impulsa una agenda para fomentar el crecimiento económico, será muy difícil aumentar la recaudación tributaria. Estaremos cada cierto tiempo aprobando paquetes de impuestos que nunca van a resolver el problema en el mediano y largo plazo.
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