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Más pensiones de lujo

Sandra Piszk, diputada del Partido Liberación Nacional. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

Como es del conocimiento público, el año pasado la Asamblea Legislativa aprobó cuatro leyes que han venido a eliminar las pensiones llamadas de lujo o sea aquellas que sobrepasan un monto aproximado de tres millones de colones.  En los próximos días, se aprobará también una reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial con un objetivo similar.  Con ello el país tendrá únicamente dos regímenes: el de Invalidez, Vejez y Muerte al cual están afiliados la mayoría de los costarricenses y cuyo monto máximo es de millón y medio de colones (o dos y medio cuando hay posposición laboral) y el Poder Judicial cuyo monto máximo es de aproximadamente cuatro millones.  Debe recordarse que anteriormente muchas de las pensiones modificadas alcanzaban cifras de cinco, seis y hasta diez millones de colones.

Actualmente sin embargo, quedan alrededor de 200 personas cuya pensión continúa sobrepasando los límites que se han impuesto para el resto de la población, las cuales oscilan también entre los cinco y los diez millones de colones.  Tal situación se origina en la mala aplicación de la Ley del Magisterio Nacional, la cual en su artículo 71 establece una contribución solidaria y redistributiva de los pensionados y jubilados que sobrepasen el monto de tres millones ochocientos mil, la cual no se hace.  O sea, contrario a lo que sucede con las pensiones más bajas a las que sí se les rebaja dicha contribución,  un grupo de 200 personas,  en su mayoría catedráticos o jerarcas de las universidades públicas reciben pensiones brutas que, en algunos casos, incluso sobrepasan los diez millones de colones.

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Esta situación, fuente de desigualdades e injusticias, le está costando al país alrededor de 2000 millones de colones anuales, lo cual en medio de la grave situación fiscal que atraviesa el país, es inaceptable.

Es por esa razón que hemos acudido al Ministro de Hacienda para que resuelva a la brevedad posible esta situación que es a todas luces ilegal e inconstitucional como lo ha dispuesto la Sala IV.  Además, al igual que en otros casos similares, no se estarían afectando derechos adquiridos.

El Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional fue creado y funciona con los mayores indicadores de equidad y solidez.  En la actualidad ha conformado un fondo que sobrepasa los 900 mil millones de colones y a él pertenecen poco más de 41.000 pensionados del sector educativo.  Es por esa razón, que apelamos a la Junta de Pensiones del Magisterio JUPEMA, para que se una a esta denuncia que favorece injustamente al 0.49% del conglometrado, cuando el promedio del resto, oscila en alrededor de 992.000 colones mensuales.

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Esperamos también que el sector universitario que actualmente discute la asignación del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior) para 2018,  señalando que “las casas de enseñanza pública se quedan sin posibilidades de investigación, docencia y extensión, debido a que los recursos apenas alcanzaran para cubrir los gastos operativos”, aporten su granito de arena en este esfuerzo nacional.  Ciertamente el monto no es significativo, ¡pero el ejemplo será contundente!

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