¿Más burocracia para promover la competencia?

Sandra Piszk, diputada del Partido Liberación Nacional. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR
Sandra Piszk, diputada del Partido Liberación Nacional. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

Ya a las puertas de que finalice el periodo de Sesiones Extraordinarias, en el cual el Poder Ejecutivo tiene competencia para que la Asamblea discuta los proyectos prioritarios del Gobierno, el Ejecutivo apresura la aprobación de un proyecto de Ley para la Creación de un Tribunal Administrativo de Competencia”.  Cosa curiosa cuando lo que deberían,  es estar negociando las soluciones al déficit fiscal. Pero contrario a ello, proponen la creación de nuevos órganos estatales, y además con salarios exorbitantes.

Si bien a primera vista las intenciones del Proyecto son loables, pues pretende modernizar el sistema y la estructura orgánica de regulación de la competencia, para adaptarlo a las mejores prácticas y experiencia internacional en la materia; lo cierto es que los criterios técnicos especializados como el de la Contraloría encienden las alarmas en varios aspectos que hacen pensar que la iniciativa requiere de modificaciones estructurales y no, una apresurada aprobación.

Tanto la Contraloría como el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa han llamado  la atención sobre la inconveniencia de seguir aumentando el aparato público, provocando mayor duplicidad y desaprovechando recursos existentes que podrían suplir dichas funciones.

Además,  cuestiona aspectos relacionados con el presupuesto de este órgano y  el control financiero del mismo, al tiempo que realizan serias interrogantes a la retribución salarial de los miembros propietarios y demás funcionarios de este órgano, ya que la escala salarial que se usa como referencia es de las más altas del Estado.

Incluso y como lo ha señalado la prensa, estaría integrado por tres funcionarios a quienes se denomina “comisionados”, cada uno de ellos ganaría ¢5,5 millones al mes más el 50% por exclusividad. Es decir, ganarían ¢8,250,000.00 por mes, en momentos donde lo que corresponde es un ordenamiento en el empleo público en general y no la creación de mayor burocracia a un alto costo para el erario público.

Otro de los aspectos preocupantes es la creación de un órgano con disposiciones y escalas salariales diferenciadas del ente al cual pertenece. Como bien señala la Contraloría, no debe perderse de vista que “un órgano desconcentrado no es una entidad jurídica independiente, sino que, por el contrario, continúa formando parte del ente al que pertenece y continúa vinculado a éste para todo efecto en todo aquello que no se refiere exclusivamente a las competencias específicas y puntuales que le fueron asignadas vía desconcentración. De esta forma, los funcionarios del Conacom continúan siendo funcionarios del MEIC, y por lo tanto su régimen jurídico laboral necesariamente debe ser el mismo que el de los demás funcionarios de dicha institución”.

El doble discurso del Gobierno que por una parte advierte sobre el déficit fiscal y por otro pretende crear más burocracia es realmente preocupante.  Ello confirma la poca o nula intención de la Administración Solís de contener el gasto… ¡en eso el Gobierno del “cambio” ha sido consistente!

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