El pasado 27 de marzo este diario tuvo la deferencia de publicarme un artículo titulado “La falta de solidaridad hacia las víctimas de la delincuencia, el abuso retórico de los derechos humanos, y la necesidad de un enfoque integral desde el Poder Ejecutivo” donde insistía en la necesidad de una política de seguridad que reconociera la realidad institucional del aparato costarricense, marcado por la dispersión de las entidades con competencias en la materia. Tanto así que una parte fundamental de ellas se encuentra en el Poder Judicial y otra en las municipalidades. Nuestro Sistema no es ajeno a este archipiélago, y por eso la Ley General de Policía, n° 7410 del 26 de mayo de 1994, establece en su artículo 11 una instancia coordinadora de alto nivel. Se trata del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuya convocatoria corresponde al Presidente. La razón de que así sea es sencilla. Este instrumento incluye a varios ministros, entidades y hasta poderes que no responden jerárquicamente al titular de Seguridad, pero cuya labor es determinante para su trabajo.
Con independencia de que uno comparta o no la conveniencia de ese diseño, debemos admitir que no es posible obtener buenos resultados sin conocer esa dispersión de jerarquías y competencias. Ignorar los efectos prácticos de un aspecto tan importante y criticar y proponer desde la ignorancia, es algo común entre quienes opinan sobre seguridad.
Igualmente, en el artículo citado decía que si bien atravesamos por una crisis gravísima no debíamos tomar como referente ni a El Salvador ni a Bukele, cuya experiencia debemos valorar de manera crítica pero con mente abierta. Tanto por la naturaleza e intensidad de las amenazas que enfrentan los salvadoreños, como por su historia, instituciones y recursos, dicha comparación es una distracción que nos hace perder tiempo y energía. Eso sí, decía también que dentro de los cauces constitucionales y legales de nuestro estado de derecho, es necesario superar los complejos que distorsionan nuestra capacidad de comprender la gravedad del desafío que enfrentamos. Unos que impiden hablar claramente de las acciones policiales que el país requiere, las cuales deben ser amplias, intensas, permanentes y contundentes, porque la principal falla del sistema costarricense no está en el ámbito judicial, aún cuando pueda y deba discutirse la posible prevalencia de un enfoque permisivo en la aplicación de la legislación penal por parte de los operadores judiciales.
Costa Rica requiere medidas inteligentes y represivas contra la criminalidad. Podemos y debemos decirlo sin complejos, porque estamos hablando de aquellas que permita nuestro ordenamiento, y no de acciones arbitrarias e ilegales. Atrevámonos a utilizar los instrumentos que la Constitución y la Ley prevéen.
En cuanto al mensaje que recibe la ciudadanía, decía también que es necesario rechazar el discurso que pervierte la promoción y protección de los derechos humanos para justificar cualquier forma de criminalidad y un enfoque suave y permisivo de las políticas de seguridad y aplicación de la Ley.
Ahora bien, todo lo anterior es algo que se dice fácil pero resulta complicadísimo de llevar a la práctica. Requiere conocimiento, preparación, planificación, coordinación y recursos, muchos recursos; y no solo para perseguir a los criminales, sino para asegurar a los policías condiciones de trabajo dignas y apropiadas.
Justamente aquí hay otro aspecto delicado de lo que mencionaba en el artículo del 27 de marzo. El Ministerio de Seguridad Pública requiere del apoyo sin reservas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la Presidencia, y por supuesto de las carteras de Justicia y de Relaciones Exteriores. Son, digamos, los ministerios que están en la primera línea para varios fines, siendo uno de los principales la identificación de los recursos necesarios para financiar la política de seguridad.
Aquello inevitablemente nos lleva al motivo de este comentario y al recorte que el Poder Ejecutivo realizará en varios ministerios como Educación y Cultura. Sin duda es una medida controversial que a primera vista provoca rechazo. Sin embargo, si somos realistas no podemos desconocer que en términos inmediatos, ese es el camino a seguir. El país no ha superado la crisis fiscal y el margen para reorganizar el gasto público es muy limitado, y todo esto se da en un contexto marcado por el agravamiento de las acciones de grupos criminales que amenazan la vida e integridad de los costarricenses y los turistas, a la inversión y al trabajo. Así que no se trata de menospreciar la educación y la cultura, sino de ordenar las prioridades del minuto de acuerdo con la realidad que se impone.
No obstante, con la misma rapidez con la que se adoptaron aquellas decisiones, la administración Chaves debe trabajar para mejorar la ejecución de sus presupuestos y para encontrar alternativas en materia de niñez, adolescencia, comunidad, urbanismo, salud, cultura, deporte y educación para evitar que las deficiencias sociales y económicas que amenazan las condiciones de vida y las oportunidades de los costarricenses, no destruyan a mediano y largo plazo el buen trabajo que se haga a partir de ahora en materia policial y de seguridad.
Consecuentemente, las izquierdas y la oposición parlamentaria deben dar al Ministerio de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo en general, tiempo para que las medidas adoptadas den resultado, mientras exigen al presidente Chaves alternativas reales para no descuidar los aspectos señalados en el párrafo anterior.
Valga reiterar lo dicho, para celebrar la designación de Mario Zamora Cordero al frente del Ministerio de Seguridad Pública, pues si hay un costarricense sereno y discreto, aspecto infrecuente entre los expertos en seguridad, y que conoce y comprende lo que expuse en el artículo del 27 de marzo y en este comentario de hoy, es él; quien además es capaz de trabajar de manera armónica dentro del Poder Ejecutivo y desde este con el Poder Judicial.
Así que demos chance y dejemos trabajar al presidente Chaves, al ministro Zamora y al Poder Ejecutivo, sin descuidar el ejercicio inteligente de la oposición.
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