La decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de frenar cautelarmente la orden de la Contraloría General de la República que ponía en jaque los contratos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es un hito jurídico y político.
La resolución judicial confirma lo que el presidente Rodrigo Chaves y el actual Gobierno han denunciado sistemáticamente: la fiscalización en Costa Rica mutó en una burocracia obstaculizadora que coadministra, paraliza y atropella proyectos clave para el desarrollo del país.
La insólita pretensión de liquidar contrataciones vigentes del ICE amenazaba con apagar servicios críticos como el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social, la conectividad de centros educativos y la infraestructura de telecomunicaciones.
A esto se suman los constantes bloqueos a iniciativas estratégicas como la Marina de Limón o el proyecto de seguridad Ciudad Gobierno y los contratos de tercerización de servicios modalidad Ebais que la propia Contraloría ayudó a enlodar y cuya prueba técnica nunca supo explicar.
La Contraloría dejó de ser un guardián de la legalidad para convertirse en un freno de mano al progreso.
Resulta penosa la situación personal y enfermedad de la señora contralora Marta Acosta, empero, la institución no es la persona y por su propio bienestar y el de la institución, se evidencia la urgencia de un cambio de rumbo inmediato.
La función fiscalizadora no puede servir de plataforma para la parálisis institucional.
A este panorama se suman los serios riesgos de corrupción e instrumentalización interna, alimentados por la presencia de funcionarios vinculados a familias en medios de comunicación tradicionales, configurando una incidencia política odiosa que vicia la imparcialidad del órgano técnico.
La responsabilidad recae de forma urgente en los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes tienen la obligación constitucional de promover un nuevo liderazgo en la Contraloría.
El país exige un enfoque moderno que entienda que fiscalizar es garantizar la correcta ejecución de las obras, no sepultar el futuro del país bajo toneladas de papel y dogmatismo legalista.
El Contencioso ya fijó el límite; corresponde ahora al Congreso reorientar el rumbo de la fiscalización pública.
